Claudio Castagnola y Marcelo Lafont fueron designados, por el jefe de la DGI, a cargo de la investigación sobre la Tabacalera Sarandí de Pablo Marcelo Otero.

En medio de una reestructuración en la recientemente renombrada ARCA (ex AFIP), se realizaron cambios estratégicos en las áreas de fiscalización de grandes contribuyentes, apuntando específicamente a Tabacalera Sarandí, que mantiene una deuda impositiva de al menos $195.824 millones , equivalentes a US$ 1.296. millones entre 2018 y 2022. Dos funcionarios, Claudio Castagnola y Marcelo Lafont, cercanos al jefe de la DGI, Andrés Vázquez, fueron designados para supervisar la situación, mientras que cuatro directores de peso fueron desplazados de sus cargos.

Tabacalera Sarandí, liderada por Pablo Marcelo Otero, conocido como “El Señor del Tabaco”, creció significativamente en el mercado, alcanzando casi un 40% de participación gracias a estrategias que incluyen la subdeclaración de precios y el incumplimiento del impuesto mínimo interno. Esto le permitió competir con empresas como Massalin Particulares y BAT, las otras grandes del sector. Otero denunció una supuesta “campaña de desprestigio” por parte de los medios, sus competidores y la propia ARCA.

Desde 2018, Sarandí es señalada por evasión fiscal a gran escala, acumulando deudas en dólares que van desde US$ 124,7 millones en el período 2018-2019 hasta US$ 284,66 millones entre abril y noviembre de 2023, según datos de ARCA y el BCRA. Además, la tabacalera subdeclara los precios de sus cigarrillos, como Red Point, que se registra en ARCA a $800 pero se vende al público a $1.900. Estas maniobras le permitirían evadir hasta US$ 450 millones anuales .

El titular de la DGI, Andrés Vázquez, asumió recientemente en un contexto de controversias por su pasado vinculado al kirchnerismo y su cercanía al consultor Santiago Caputo. Ahora busca reforzar las investigaciones contra grandes contribuyentes y saldar deudas históricas con el fisco. Aunque Sarandí ya perdió un fallo ante la Corte Suprema, la resolución sobre la constitucionalidad del impuesto mínimo sigue pendiente.

En paralelo, Otero ingresó al blanqueo de capitales lanzado por el Gobierno, declarando US$ 60 millones , pero esta suma es apenas una fracción de la deuda que mantiene su compañía.