El Parlamento venezolano aprobó una ley que endurece las sanciones contra quienes respalden medidas internacionales coercitivas dirigidas al país. La normativa impone penas de 25 a 30 años de prisión, inhabilitación política por 60 años y multas de hasta un millón de dólares a quienes promuevan, faciliten o apoyen estas acciones. Además, castiga con iguales penas a quienes colaboren en operaciones armadas contra Venezuela.

El gobierno de Nicolás Maduro justifica la ley argumentando que las sanciones internacionales, en su mayoría provenientes de Estados Unidos, representan crímenes de lesa humanidad contra el pueblo venezolano. Según el chavismo, el país ha sido objeto de más de 900 sanciones en los últimos diez años, las cuales afectan su economía y soberanía. La normativa también incluye la creación de un registro de individuos vinculados a estas acciones, lo que podría derivar en congelación de activos, restricciones comerciales y deportaciones.

La aprobación ocurre en un contexto de tensión bilateral tras nuevas sanciones de Washington contra 21 altos funcionarios venezolanos, acusados de represión y manipulación electoral en los comicios presidenciales del 28 de julio. Paralelamente, el Congreso estadounidense debate el proyecto BOLIVAR, destinado a restringir contratos con empresas que negocien con el régimen venezolano, como parte de su política de presión para un cambio político en Venezuela.