La justicia investiga un esquema de eliminación de multas y contrataciones irregulares que involucrarían al círculo cercano del ministro de Transporte bonaerense.El escándalo por las irregularidades en la Verificación Técnica Vehicular (VTV) puso bajo la lupa al ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio. El funcionario fue imputado por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
La medida, ordenada por el juez federal de Zárate-Campana, Adrián González Charvay, incluye el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil del ministro y de varios de sus allegados, entre ellos, Claudia Pombo, ex presidenta del Concejo Deliberante de Pilar, y el juez de faltas Mario Quattrochi.
La investigación, que comenzó en octubre tras la denuncia de un particular, destapó una supuesta red de gestores que ofrecían eliminar multas de tránsito a cambio de un porcentaje del monto que los infractores debían pagar. Según los testimonios, el esquema implicaba el cobro de hasta el 30% del valor original de las infracciones, una práctica que causó significativas pérdidas económicas para la empresa Secutrans, encargada del sistema de fotomultas en la provincia.
La justicia también apuntó a posibles maniobras de corrupción en las licitaciones otorgadas a empresas vinculadas al sistema de la VTV. Algunas de estas contrataciones habrían sido adjudicadas de manera irregular, favoreciendo a empresarios cercanos al ministro. Las cifras involucradas en estos contratos superan los millones de pesos, generando sospechas sobre un posible entramado delictivo destinado a desviar fondos públicos.
En su resolución, el juez González Charvay especificó que el objetivo de la causa es determinar si D’Onofrio y su círculo cercano incrementaron su patrimonio de manera injustificada desde que asumió como ministro en diciembre de 2021. Para ello, ordenó analizar cuentas bancarias, bienes y transacciones de los imputados, extendiendo el pedido a entidades como el Banco Central y la Unidad de Información Financiera (UIF).
Las pérdidas para Secutrans oscilan entre 4 y 10 millones de dólares mensuales, afectando la operación del sistema de fotomultas. Este panorama ha generado preocupación en la provincia, dado que el control vehicular es un pilar fundamental para garantizar la seguridad vial.
Por su parte, en La Plata, el fiscal Álvaro Garganta señaló a D’Onofrio como presunto organizador de un esquema paralelo que facilitaba la eliminación de multas de tránsito. Esta práctica no solo habría dañado las finanzas de Secutrans, sino que también afectó la percepción de transparencia en la gestión pública bonaerense.
Un caso que trasciende fronteras
La justicia argentina solicitó colaboración internacional para investigar posibles vínculos financieros de los imputados en el exterior. Se instruyó a plataformas de criptomonedas y organismos extranjeros a través del Grupo Egmont, con el objetivo de identificar movimientos sospechosos desde 2021.
Este caso se suma a otras investigaciones en curso que cuestionan la integridad de funcionarios públicos y exponen un esquema de corrupción en el manejo de recursos estatales. D’Onofrio, por el momento, no ha emitido declaraciones públicas sobre las acusaciones en su contra.
Cronica del Noa 
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