A pesar de la reforma del Estado, la Administración General de Puertos mantiene estructuras de la vieja política mientras las deudas crecen.

En el marco de los intentos del gobierno de Javier Milei por implementar una reforma profunda del Estado y reducir el gasto público, existen sectores donde el cambio aún parece un desafío mayor. Un claro ejemplo de esto es la Administración General de Puertos (AGP), una empresa pública encargada de administrar las principales vías de exportación e importación del país, que, a pesar de los cambios políticos, continúa controlada por funcionarios cercanos al kirchnerismo y al massismo.

La AGP, que gestiona el puerto de Buenos Aires y la Hidrovía, dos de las principales arterias por donde circula el 70% del comercio exterior argentino, ha experimentado un cambio significativo en su situación financiera.

En 2021, la empresa generaba un superávit de 28 millones de dólares, pero, en solo dos años, la AGP pasó a registrar un déficit de 45 millones de dólares en 2023, un año electoral, lo que resalta la falta de control y gestión eficiente por parte de las autoridades actuales.

El origen de este caos financiero se remonta a la intervención de la AGP bajo el gobierno de Alberto Fernández, cuando José Carlos Beni asumió el cargo de interventor en 2020. A pesar de la llegada del gobierno de Javier Milei, Beni no solo se mantuvo en funciones como asesor, sino que fue elevado a un puesto clave en la Unidad de Gabinete de Asesores, lo que genera dudas sobre la verdadera voluntad del nuevo gobierno de cortar los lazos con la vieja política. Actualmente, Beni cobra un salario bruto de 6.49 millones de pesos, una cifra considerablemente alta para un cargo consultivo.

Pero Beni no es el único funcionario que continúa en la AGP. Varios altos cargos vinculados al kirchnerismo y al massismo siguen en pie, incluyendo a Verónica Piñero, la gerente general, quien a pesar de los cuestionamientos a su gestión, fue ascendida por el nuevo interventor, Gastón Benvenuto. Piñero tiene un poder significativo en la AGP, siendo la responsable de la firma de las compras, lo que le otorga un margen de discrecionalidad que se ha traducido en compras altamente cuestionadas.

Verónica Piñero

Descontrol en las compras públicas

Una de las principales irregularidades en la AGP fue el descontrol en las adquisiciones. En 2021, la empresa modificó su reglamento de compras para permitir una mayor discrecionalidad en las contrataciones. Lo que en un principio eran compras menores por un monto de hasta 300 mil pesos, hoy puede ascender a 48 millones, sin la necesidad de pasar por una licitación formal. Este cambio permitió, entre otras cosas, que se adquirieran tres simuladores 3D por casi 300 mil dólares en 2022, en una compra que no parece alineada con las necesidades de una empresa en déficit.

Además, la AGP ha sido criticada por continuar contratando empresas con antecedentes de sobreprecios y irregularidades, como Unlimited Solutions SRL y Tecnología Vial Aplicada SA, que siguen siendo beneficiadas con contratos bajo esta modalidad de “compulsa abreviada”.

En mayo de 2024, la AGP realizó una compra cuestionable de 1000 libros de fotografías del puerto por un total de 34 millones de pesos, bajo la justificación de un regalo institucional. Este tipo de gastos desmesurados se realiza en un contexto de graves dificultades financieras para la empresa, que incluso recibió un aporte de 16 mil millones de pesos del gobierno para cubrir su déficit.

Un ejemplo emblemático del despilfarro es el proyecto de construcción del “Centro de Experiencia Portuaria”, un museo cuya adjudicación inicial fue de 1.168 millones de pesos. Debido a las readecuaciones de precios y a los retrasos en la obra, el costo final asciende a más de 5.600 millones de pesos, con solo un 6,8% de avance. A pesar de este desajuste, ya se han abonado más de 1.500 millones de pesos.

Una parte fundamental del funcionamiento de la AGP está vinculada a la fuerte presencia de los sindicatos. Los hermanos Diego y Leonardo Salom, ambos con estrechos vínculos con el exministro de Economía, Sergio Massa, son piezas claves dentro de la administración portuaria. Diego Salom ocupa el cargo de Director de Planificación Estratégica, mientras que su hermano, Leonardo, tiene a su cargo la dirección del puerto de Dock Sud. Ambos han experimentado una notable mejora en su nivel de vida, con autos de alta gama y viajes internacionales a su haber, lo que refuerza las sospechas de que la AGP continúa siendo un espacio donde los intereses políticos y sindicales predominan.