El proyecto busca endurecer las penas para los integrantes de estas facciones y de los dirigentes que colaboren con ellas.

El Gobierno prepara un proyecto de ley que podría cambiar el panorama de la violencia en el fútbol argentino: propone tratar a los barrabravas como organizaciones criminales. La iniciativa, que está en proceso de revisión en la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia, busca endurecer las penas tanto para los integrantes de estas facciones como para los dirigentes que actúen en connivencia con ellas.

Uno de los puntos clave del proyecto es la tipificación de las barrabravas como asociaciones ilícitas. Esto permitirá aplicar penas de dos a cuatro años de prisión para quienes cometan delitos como el transporte de armas o la reventa de entradas.

Además, los dirigentes de clubes que colaboren entregando entradas o brindando apoyo logístico podrían enfrentar sanciones de hasta seis años de cárcel.

El proyecto también contempla el fortalecimiento del régimen de inhabilitaciones administrativas, permitiendo que las autoridades impidan el ingreso a estadios de personas imputadas por delitos, incluso sin sentencia firme. Esta medida ya se aplicó en casos recientes como los de Rafael Di Zeo y “Skeletor” Maciel, líderes de “La 12”, la barra brava de Boca Juniors, quienes enfrentan cargos por tenencia de armas y tienen prohibido asistir a espectáculos deportivos por tiempo indeterminado.

El Gobierno también busca atacar las fuentes de financiamiento de estas organizaciones. Actividades como el control de estacionamientos por “trapitos” en los alrededores de los estadios y la reventa de entradas serán consideradas delitos graves bajo la nueva legislación. Según fuentes oficiales, el objetivo es cortar los ingresos que sostienen a estas facciones, que lucran a través de extorsión y amenazas.