La Cámara Federal de Mendoza inició una causa por “desaparición forzada de personas” y pidió que el gendarme detenido por el régimen de Nicolás Manudo sea puesto en contacto con la Cancillería.

Mientras el Gobierno nacional intenta liberar al gendarme Nahuel Gallo, detenido por el régimen de Nicolás Maduro y acusado de espionaje, la Justicia solicitó que se brinde información sobre el agente que fue capturado el pasado 8 de diciembre al ingresar a Venezuela desde Colombia.

Este lunes, la Cámara Federal de la provincia de Mendoza inició una investigación por “desaparición forzada de personas”, en donde exhortar al gobierno de Venezuela a que informe, por vía diplomática, el paradero del argentino Nahuel Gallo.

La medida busca que el régimen chavista de información sobre dónde está detenido, los motivos de su arresto, quién es el juez que lo mantiene retenido, y que se le permita designar a un abogado y estar en contacto con su familia a través de la Cancillería argentina.

De este modo, los jueces Manuel Pizarro, Gustavo Castiñeira de Dios y Juan Ignacio Pérez Curci, hicieron lugar a un habeas corpus presentado en favor de Gallo por la Gendarmería Nacional (GNA), tras la detención del agente que ingresó al país caribeño con el objetivo de visitar a su pareja e hijo que residen en Caracas.

“Exhortar a la República Bolivariana de Venezuela a que, a través de las autoridades correspondientes, informen de modo inmediato el paradero del Sr. Nahuel Agustín Gallo (…) los motivos de su detención y a disposición de qué autoridad judicial competente se encuentra”, indica el fallo de los magistrados mendocinos.

Asimismo dispusieron “instar a las autoridades judiciales de la República Bolivariana de Venezuela a presentar física o telemáticamente al Sr. Nahuel Agustín Gallo ante las autoridad que designe la Cancillería con el fin de ser asesorado y se facilite el contacto con sus familiares”. También ordenaron que se forme una causa penal y que ese expediente se le remita a la fiscalía los fines de determinar la posible comisión del delito de desaparición forzada de personas en perjuicio del representante de dicha fuerza federal.