Mientras el oficialismo defiende su plan de ajuste y reestructuración del Estado, los sindicatos exigen garantías de continuidad para los empleados públicos y rechazan los recortes que afectan a miles de trabajadores.

El gobierno de Javier Milei enfrenta una nueva amenaza de huelga a pocos días del vencimiento de miles de contratos estatales. ATE se prepara para medidas de fuerza si no se garantiza la continuidad de estos contratos, mientras avanza el plan de reestructuración de la administración pública.

Desde el gremio expresaron su firme preocupación ante la posibilidad de nuevos despidos, algo que, según su secretario general, Rodolfo Aguiar, no puede permitirse. “No puede existir un solo despido”, afirmó Aguiar, quien dejó en claro que el proceso debe ser automático para garantizar la continuidad de los empleados.

Este contexto de incertidumbre se profundiza tras los recientes recortes en el empleo público, como la desvinculación de 2400 empleados “irregulares” del Ministerio de Justicia y el cierre de Trenes Argentinos Capital Humano (Decahf), que eliminó 1388 puestos de trabajo. Estos recortes son parte del plan de ajuste que implementa el gobierno de Javier Milei para reducir el gasto público, un proceso que ha generado un fuerte rechazo por parte de los sindicatos.

El sindicato ATE reclamó la renovación automática de los contratos, además de una recomposición salarial urgente para sus miembros. En una declaración reciente, Aguiar insistió: “El 31 de diciembre no puede existir un solo despido en el Estado.

Se debe garantizar la continuidad de todos los contratos. El proceso tiene que ser automático”. Además, remarcó que, para que el gobierno no avance con los recortes, será necesario seguir movilizados. “Para ponerle límites al gobierno de Milei tenemos que seguir en la calle”, aseguró el dirigente gremial.

Los exámenes de idoneidad: un punto de controversia

Dentro del marco de la reestructuración de la administración pública, el gobierno ha implementado una serie de pruebas de idoneidad para determinar la renovación de los contratos. Estas pruebas, que incluyen preguntas de competencias básicas, se han realizado de manera presencial y con formato multiple-choice.

La información oficial señala que el 95% de los empleados públicos que tomaron la prueba la aprobaron en el primer intento. Sin embargo, la aprobación del examen es solo uno de los requisitos para la renovación de contratos.

Desde el Ejecutivo sostienen que, aunque la prueba de idoneidad es “necesaria”, no es suficiente para asegurar la continuidad de los trabajadores. Los contratos se renovarán según “los parámetros usuales”, lo que genera aún más incertidumbre entre los empleados estatales.

El impacto del ajuste sobre el empleo público

El ajuste en el empleo público ha sido uno de los pilares del gobierno de Javier Milei, quien ha expresado en reiteradas ocasiones que buscará reducir el tamaño del Estado para reducir el gasto. Según las últimas cifras publicadas por el INDEC, la dotación de personal en la administración pública nacional disminuyó un 10,48% entre diciembre de 2023 y octubre de 2024, lo que representa la eliminación de 35.785 puestos de trabajo.

De esta reducción, 23.457 puestos corresponden a la administración pública nacional, que incluye ministerios y organismos descentralizados. Además, 12.328 trabajadores fueron desvinculados de empresas y sociedades estatales. Estas cifras reflejan la intensidad del ajuste implementado por el gobierno, que busca generar un ahorro significativo para las arcas del Estado.

La respuesta del gobierno y la postura sindical

Desde el gobierno, se defiende el proceso de reducción de la administración pública como una medida necesaria para mejorar la eficiencia y reducir el gasto. La Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa ha señalado que estos ajustes han generado un ahorro significativo de 3820 millones de dólares. Sin embargo, ATE no está de acuerdo con esta estrategia y ha afirmado que, además de la defensa de los puestos de trabajo, están en juego aspectos cruciales de la institucionalidad del país.

“La movilización sigue siendo una herramienta esencial para frenar los despidos y defender nuestros derechos laborales”, destacó Aguiar. En este sentido, el sindicato advierte que, si el gobierno no garantiza la renovación de los contratos antes del 31 de diciembre, recurrirán a una nueva medida de fuerza, lo que podría generar paros y movilizaciones a nivel nacional.