El régimen de Nicolás Maduro sostiene que los funcionarios argentinos están al mando de un supuesto grupo terrorista que busca desestabilizar al gobierno.

El régimen de Nicolás Maduro anunció que Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, y el canciller Gerardo Werthein serán investigados en el marco del caso del gendarme argentino detenido en Venezuela. Según la Fiscalía venezolana, encabezada por Tarek William Saab, ambos funcionarios realizaron “declaraciones inculpadoras” que los vincularían con la “cadena de mando” de un supuesto grupo de terroristas que, según el régimen, fue enviado desde Argentina.

En un comunicado publicado en redes sociales, el Ministerio Público venezolano afirmó: “Las investigaciones revelan que en la cadena de mando del grupo de terroristas aparece la propia ministra Bullrich, y así consta en el expediente”. Además, señalaron que los funcionarios argentinos serán incorporados como personas de interés en la causa debido a las declaraciones realizadas en las últimas horas.

Por su parte, Bullrich y Werthein desmintieron las acusaciones y calificaron la detención del gendarme como una “gran mentira y una gran falacia”. En una rueda de prensa, la ministra aseguró que “Argentina está haciendo todos los esfuerzos para poder terminar con esto” y negó cualquier vínculo con los presuntos planes desestabilizadores que menciona la Fiscalía venezolana.

El gendarme argentino fue detenido en Venezuela tras ingresar al país “irregularmente” bajo lo que las autoridades chavistas describieron como “el ropaje de una visita sentimental”. Según el régimen, está vinculado a un grupo que planeaba acciones desestabilizadoras con el apoyo de sectores de la ultraderecha internacional. Además, la Fiscalía acusó a Bullrich de autorizar el viaje del gendarme sin notificarlo a las autoridades venezolanas.

Finalmente, la Fiscalía reiteró que existen “graves hechos” que relacionan al gendarme con atentados contra la seguridad de Venezuela. Mientras tanto, Bullrich negó cualquier tipo de complicidad de las autoridades argentinas, respaldándose en una resolución judicial de la Cámara Federal de Mendoza que también pidió conocer el paradero del detenido, pero con fines humanitarios.