La Justicia federal de Mar del Plata convocó a los supuestos emprendedores que habrían adquirido cigarrillos con estampillas truchas al dueño de Tabacalera Sarandí, Pablo Otero.

La Justicia federal de Mar del Plata citó a indagatoria a seis empresarios pymes involucrados en la compra de cigarrillos ilegales al empresario Pablo Otero, conocido como el “Señor del Tabaco”. La causa, que apunta a una red de evasión fiscal mediante la falsificación de estampillas fiscales, se centra en las actividades de Tabacalera Sarandí y Bronway S.A., dos empresas señaladas como proveedores de los productos adulterados.

El juez federal Santiago Inchausti lidera la investigación y sostiene que los empresarios Daniel y Pablo Hernández, Leonardo Dari, Sebastián Ponce, Carlos y Alcides Mónaco adquirieron de forma sistemática cigarrillos con estampillas falsificadas o sin control fiscal. Los productos, principalmente de las marcas Red Point, Dolchester y Pier, se comercializaban a menor costo, eludiendo los impuestos correspondientes y generando pérdidas significativas al Estado.

Pablo Otero, propietario de Tabacalera Sarandí, se enfrenta a crecientes complicaciones judiciales. Las pesquisas apuntan a que su empresa, junto con Bronway S.A., operaba un esquema de venta de cigarrillos ilegales que incluía la distribución masiva de productos adulterados. Según los investigadores, esta maniobra permitía a las empresas evadir tributos y ofrecer precios competitivos en el mercado informal.

En declaraciones del juez Inchausti, se señala que los empresarios pymes “adquirían y distribuían paquetes de cigarrillos con ánimo de lucro, sin pagar los impuestos correspondientes”, lo que configuraba una actividad ilícita. La comercialización se realizaba principalmente en localidades de la costa bonaerense, con centros de distribución en Mar del Plata y Santa Clara del Mar.

Detalles de la causa

La investigación, iniciada en 2019 tras una denuncia de la AFIP, tomó impulso en los últimos meses gracias a una pericia realizada por la Casa de la Moneda. Este organismo confirmó que las estampillas en los cigarrillos secuestrados eran falsas, lo que comprometió aún más a los imputados.

En su momento, Pablo Otero intentó frenar el avance del expediente mediante recursos legales que buscaban trasladar la causa al juzgado federal de Morón, donde enfrenta otra investigación por infracciones al código aduanero. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia desestimó el pedido en abril de 2024, ratificando la competencia de la Justicia federal de Mar del Plata.

Las declaraciones de los empresarios pymes convocados serán determinantes para esclarecer el rol de Tabacalera Sarandí y Bronway S.A. en el esquema ilegal. De confirmarse las sospechas, Otero podría enfrentar nuevas citaciones, lo que complicaría aún más su situación judicial.

La causa representa un caso emblemático de evasión fiscal y pone en evidencia las dificultades para combatir el comercio ilegal en el sector tabacalero. Las decisiones que surjan tras estas indagatorias marcarán un antes y un después en el abordaje de estos delitos en Argentina.