Cinco dirigentes del gremio, incluido Omar Pérez, cercano a Hugo Moyano, enfrentarán a un tribunal por el bloqueo a una pyme en 2020. La abogada de la empresa exige que las audiencias sean televisadas para exponer las prácticas sindicales.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 3 de la Capital Federal anunció que los días 5 y 12 de junio de este año se llevará a cabo el juicio oral contra Omar Pérez y otros cuatro miembros del Sindicato de Camioneros, acusados de extorsión en grado de tentativa. Este caso está vinculado al bloqueo que sufrió la pyme Andar Transportadora en 2020, en el barrio porteño de Villa Soldati.

La causa reviste gran relevancia debido a las implicancias legales y sociales que podrían derivarse del fallo, especialmente considerando los antecedentes de otros bloqueos sindicales en el país.

Entre los acusados también figuran Omar Dutrá, Diego Coria, Jorge Aguirre y Matías Paz, quienes presuntamente participaron en las maniobras para exigir el pago de una deuda que, según la Justicia, no tenía sustento legal.

El rol de Omar Pérez y su cercanía con Moyano

Omar Pérez, secretario de Políticas de Transporte de Camioneros y pieza clave en la estructura liderada por Hugo Moyano, es una figura de peso dentro del gremio. Su nombre incluso sonó como posible integrante del triunvirato de la CGT tras la salida de Pablo Moyano. En el juicio, se abordará el presunto uso de la fuerza gremial para fines extorsivos, un tema que ha sido motivo de denuncias reiteradas en diferentes sectores empresariales.

La abogada de la empresa, Florencia Arietto, solicitará al tribunal que las audiencias sean televisadas. “Es fundamental que los ciudadanos conozcan las prácticas mafiosas que enfrentan las pymes”, declaró Arietto. Además, adelantó que, tras este proceso, buscará que Hugo Moyano sea investigado como autor mediato de estos delitos, argumentando que existe una estructura jerárquica dentro del gremio donde él tendría un rol protagónico.

El incidente que motivó la denuncia ocurrió en 2020, cuando un grupo de 15 representantes de Camioneros bloqueó el acceso al depósito de Andar Transportadora. La acusación sostiene que se trató de una coacción para obligar al dueño de la empresa, Alejandro Castell, a pagar una supuesta deuda inexistente. En 2022, el juez Fernando Caunedo elevó la causa a juicio, agravando la imputación a extorsión en grado de tentativa, un delito que prevé penas de 5 a 10 años de prisión.

El fiscal Ignacio Mahiques, encargado de la investigación, determinó que los acusados actuaron como coautores de un plan orientado a obtener un beneficio económico ilegítimo en perjuicio de la empresa. Según Mahiques, “la exigencia de dinero estuvo acompañada de una amenaza concreta: paralizar las actividades del transporte”.

Los antecedentes de aprietes gremiales

Alejandro Castell, propietario de la pyme, relató cómo las presiones sindicales comenzaron poco después de fundar su empresa en 2001. “Nos exigían pagos por conceptos que no correspondían, y ante nuestra negativa, incrementaron los aprietes”, afirmó. Castell también reveló que las demandas incluyeron visitas intimidatorias de dirigentes sindicales a su domicilio.

Según Castell, estos episodios son parte de una estrategia más amplia utilizada por el sindicato para recaudar fondos de manera irregular, afectando a numerosas empresas de transporte en el país.

El resultado de este juicio podría sentar un precedente importante en la lucha contra los bloqueos sindicales. La figura de extorsión en grado de tentativa utilizada en esta causa podría replicarse en otros casos similares, como el de los dirigentes de Camioneros en San Nicolás, actualmente bajo prisión domiciliaria por un bloqueo realizado en 2021.

Florencia Arietto destacó la importancia de avanzar con estas causas para proteger a las pymes de lo que describió como “métodos extorsivos disfrazados de reclamos gremiales”. Según Arietto, el fallo también podría ser un mensaje claro para otros sindicatos que recurren a estas prácticas.