Esta medida, marcará un cambio histórico en la Justicia Penal.

Desde el 2 de enero, la provincia de Salta inauguró los juicios por jurados para delitos graves como homicidios calificados y femicidios, marcando un hecho histórico en el sistema judicial local. Con la promulgación de la Ley 8478, Salta se unió a otras 12 jurisdicciones del país que adoptaron este mecanismo procesal.

El abogado Martín Ávila destacó a ElTribuno que esta reforma representa «un profundo cambio cultural» que involucra a toda la sociedad, permitiendo a los ciudadanos participar directamente en decisiones judiciales. Este sistema busca democratizar la justicia, combinando la experiencia de jueces profesionales con la visión de jurados populares.

El jurado estará compuesto por 12 titulares y 4 suplentes, respetando la paridad de género. Entre los requisitos para ser jurado se incluyen:

• Ser argentino (natural o naturalizado con al menos dos años de ciudadanía).
• Tener entre 18 y 75 años.
• Saber leer y escribir, y contar con pleno ejercicio de derechos políticos.

Sin embargo, están excluidos funcionarios públicos, magistrados, abogados, personal de seguridad y otras categorías específicas, así como personas con antecedentes penales o inhabilitaciones legales.

La participación como jurado es considerada una carga pública. Los jurados recibirán una instrucción previa sobre los aspectos legales del caso y deliberarán exclusivamente sobre la culpabilidad o inocencia del acusado.

Las personas seleccionadas tendrán derecho a una retribución económica y reintegros por gastos de transporte y manutención, cuando corresponda. Los empleadores, tanto públicos como privados, deberán garantizar el pago de salarios durante el tiempo que dure el juicio.

El Juicio por Jurados no solo busca legitimar las decisiones judiciales al incorporar la voz ciudadana, sino también fortalecer la transparencia y confianza en el sistema judicial. Según Ávila, este mecanismo reafirma la idea de la justicia como un servicio a la comunidad, con ciudadanos empoderados para participar de forma directa en procesos que afectan la vida social.

Si bien la implementación de este sistema supone una modernización del proceso penal en Salta, también plantea desafíos logísticos y culturales. La preparación de los ciudadanos para asumir este rol será clave para garantizar el éxito de los juicios por jurados y fortalecer la justicia en la provincia.

Este avance promete un impacto significativo en la manera de impartir justicia, posicionando a Salta como referente en la incorporación de prácticas más inclusivas y transparentes en el ámbito judicial.