Desde la Coalición Cívica aseguran que la normativa que evita la evasión fiscal por parte de las empresas tabacaleras nunca entró en vigencia y sigue beneficiando a Pablo Otero.

Un nuevo escándalo rodea al Gobierno y su relación estrecha con el empresario tabacalero, Pablo Otero, esta vez desde la Coalición Cívica (CC) denuncian que el Poder Ejecutivo no reglamentó uno de los artículos de la Ley Bases para favorecer a la empresa del denominado “Señor del Tabaco”, que sigue evadiendo impuestos.

Así lo expresó el diputado nacional de la C.C, Juan Manuel López, “Con la oposición inexplicable de algunos bloques logramos incorporar en Ley Bases legislación para poner fin a las maniobras de ciertas tabacaleras para no pagar impuestos; seis meses después ARCA (ex AFIP) no reglamenta nada”.

Bajo el título: “La omisión del gobierno que beneficia al señor del tabaco”, encabezó su descargo el legislador que acusó al Gobierno de Javier Milei de beneficiar a la empresa Tabacalera Sarandí, al no poner en vigencia la normativa que prohíbe que las firmas declaren un valor nominal menor que el del mercado real ante la agencia de recaudación, para así pagar menos impuestos.

“Los precios de venta al consumidor que declaran algunas tabacaleras y que están publicados en la página del ARCA no resisten un simple googleo o visita a un kiosco”, escribió López en su cuenta de X. Según estimaciones publicadas en un proyecto de resolución que lleva su nombre, y que se presentó este jueves en la Cámara de Diputados, algunas empresas llegan a declarar “precios hasta un 140% inferiores a los precios efectivos de venta, lo que puede ocasionar pérdidas recaudatorias de hasta 300 millones de dólares anuales” para el Estado.

De hecho, el análisis muestra que el  costo declarado por algunas compañías durante la primera semana de enero, oscila entre los $440 y $900, mientras que en los comercios, el atado de cigarrillos se paga por arriba de los $2.000. Ya en junio de 2024, el precio de un paquete de 20 unidades se vendía, en promedio, a $1.699,85, según un informe de la Fundación Interamericana del Corazón (FIC) en Argentina.

“Aunque esta reforma de la ley de Impuestos Internos fue aprobada por el Congreso a mediados del año pasado y el Gobierno tenía un plazo de 90 días para reglamentarla, la ARCA aún no ha avanzado en esa dirección, por lo que todavía no comenzó a aplicarse” advierte López en su descargo.

En esa línea agrega: “La prolongación en el tiempo de esta conducta omisiva permitiría a las empresas evitar el cumplimiento total de sus obligaciones tributarias, consolidando la pérdida de una fuente significativa de recursos fiscales en un contexto de restricciones”.

En el documento, el legislador del espacio que conduce Elisa Carrió, solicita a las autoridades de la ARCA que detallen los motivos de la demora en la reglamentación, informe qué acciones se han tomado en este sentido y que brinden una fecha estimada para la publicación del decreto correspondiente para su entrada en vigor.