La investigación administrativa, llevada a cabo de manera superficial por la misma institución sospechada de corrupción a partir del caso, no encontró irregularidades ni faltantes de dinero.

Pese a los avances desarrollados por la Justicia en relación a la investigación del Caso Chocolate , la Legislatura bonaerense llevó adelante una investigación administrativa para determinar si hubo o no desvío de millones de pesos perpetrados por el puntero massista Julio “Chocolate” Rigau en cohecho con los hermanos Claudio y Facundo Albini y concluyó que no hubo ninguna irregularidad.

El Caso Chocolate es un hecho de corrupción que tomó luz pública en 2023 e involucra a “Chocolate” Rigau y a sus jefes, Facundo y Claudio Albini, quienes afrontarán un juicio oral por el desvío de al menos 464 millones de pesos de las arcas públicas, con la complicidad de 48 “ñoquis” y empleados “fantasma” de la Legislatura bonaerense, durante años, pero para el Legislativo de la provincia de Buenos Aires no habría pasado nada.

El caso estalló cuando “Chocolate” Rigau fue interceptado en una sucursal de Banco Provincia de La Plata mientras utilizaba varios cajeros automáticos para extraer dinero de decenas de tarjetas de débito pertenecientes a supuestos empleados de la Legislatura. Su arresto desató un escándalo de proporciones que impactó sobre el peronismo, la UCR y el PRO.

Ante el descrédito y las sospechas de un manejo sistemático de fondos en forma indebida, la Legislatura provincial llevó adelante una investigación administrativa, en la cual, tras un abordaje que quedó a mitad de camino, no encontraron evidencias de que haya sucedido el presunto desvío de fondos. Asimismo, en un gesto de congraciamiento intra-corporativo, elogió el “buen desempeño” y el “compromiso laboral” de los empleados que la Justicia considera “ñoquis”.

Cómo fue la investigación administrativa

El primer paso del sumario iniciado por la Legislatura bonaerense fue fue citar a los 49 supuestos empleados. Sólo declararon 46 que negaron ser “ñoquis” aunque muchos no pudieron precisar información sobre cuando comenzaron su trabajo en el ámbito legislativo, detallar la oficina en la que trabajarían o sobre sus superiores y amigos. Ante tales vacíos, en vez de recurrir a la repregunta, los investigadores terminaron ahí su entrevista.

Después, los sumariantes entrevistaron a los supuestos jefes de estos empleados, quienes asintieron que efectivamente estaban a sus cargos. Pero, otra vez, no hubo repreguntas ni voluntad por auditar la situación de los empleados bajo la lupa.

Es importante destacar que los únicos empleados que no fueron entrevistados fueron, casualmente, Cristian Rigau –uno de los hijos de “Chocolate”, María Eugenia Rodríguez y Ezequiel Tocci.

Pablo Parente, el superior inmediato de Claudio Albini, indicó a los sumariantes que Rigau había dejado de trabajar en 2017, que Rodríguez había renunciado el 1 de octubre de 2023 y que a Tocci le habían rescindido su contrato por ausencias injustificadas.

Tras esa respuesta de Parente, los sumariantes no citaron a ninguno de los tres faltantes. Ni a Rigau para consultarle dónde se desempeñaba cuando en teoría sí trabajaba en la Legislatura, ni a Rodríguez para preguntarle por qué había renunciado tres semanas después del estallido del escándalo, ni para verificar si Tocci era, dadas sus “ausencias injustificadas” a su trabajo, un “ñoqui”.

La aparente omisión en la citación de los sumariantes reflejó, sin embargo, algo más profundo. Tocci había sido el único de los titulares de las tarjetas que usaba Rigau que había roto el silencio ante la fiscal Lacki. Declaró que él no trabajaba en la Legislatura, aunque le habían hecho firmar un contrato y que no reconocía la tarjeta a su nombre.

Acciones superficiales para encubrir responsabilidades superiores

Luego de este paso, volvieron a investigar a los supuestos “ñoquis” y sus superiores: 15 de ellos fueron dados de baja en diciembre de 2023, otros 22 habían cambiado de supuestos lugares de trabajo. Todos fueron asesorados por un mismo abogado y dijeron que trabajaban “en el territorio”, en comedores y merenderos, estaban en actos políticos o se encontraban en clubes y asociaciones.

Así fue como la investigación administrativa no fue más allá ni cruzó información con el seguimiento de la Justicia. La Legislatura bonaerense afirmó que “En definitiva, de lo que surge de todo lo obrado no se advierte la existencia de personal en la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires que haya sido contratado empleando mecanismos fraudulentos, ni que en relación a los 48 agentes sobre los cuales se han realizado un relevamiento de su situación de revista, pueda corroborarse que no hayan desempeñado sus tareas, ni que se les exigiera la entrega de parte de sus salarios”.

Dada esta opacidad, que refleja los alcances e implicancias que involucran a varios funcionarios del Poder Legislativo de la provincia de Buenos Aires, los superiores de Rigau y los Albini en el caso permanecen en las sombras.