La posibilidad de un acuerdo inminente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha cobrado fuerza en las últimas horas, coincidiendo con la primera jornada de la misión del organismo en la Argentina. Los rumores señalan que el acuerdo podría incluir un préstamo total de aproximadamente USD 20.000 millones, distribuido en desembolsos de USD 5.000 millones en cuatro tramos. Sin embargo, estos desembolsos estarán sujetos a estrictas condiciones relacionadas con la política cambiaria, entre ellas, una salida secuenciada del cepo cambiario.

Como parte del acuerdo, el gobierno implementaría un esquema de banda de flotación para el dólar oficial, estableciendo un rango entre $1.000 y $1.300. Dentro de este margen, el Banco Central tendrá la posibilidad de intervenir si el dólar supera el techo de la banda, aunque estará limitado a utilizar como máximo el 50% de los fondos desembolsados. Desde el FMI remarcan que estos recursos no serán de libre disponibilidad y solo podrán emplearse para garantizar la estabilidad del tipo de cambio, evitando así repetir errores del pasado, como en 2016, cuando se financió la salida de inversores. La meta es mantener al dólar dentro del rango de equilibrio, el cual se estima en $1.300 según los manuales de economía liberal.

La aprobación del Congreso aparece como un punto clave para el FMI, que considera necesario el respaldo legislativo para dar mayor seguridad jurídica al acuerdo. “Para los inversores internacionales, contar con el aval del Congreso es fundamental porque reduce el riesgo de que una futura administración revierta decisiones clave. Esto otorga confianza a los mercados”, explicó una fuente cercana al organismo. En este contexto, el FMI condiciona parte del acuerdo a la aprobación del presupuesto nacional y de un nuevo crédito. Sin embargo, desde el gobierno buscan evitar esta instancia al argumentar que el acuerdo no implica la toma de nueva deuda externa, sino la cancelación de Letras Intransferibles del Banco Central, un detalle que está siendo revisado por la Secretaría Legal y Técnica del Ministerio de Economía.

El primer desembolso de USD 5.000 millones permitirá monitorear el comportamiento del dólar flotante dentro de las bandas de fluctuación. Si las proyecciones se cumplen, el gobierno buscaría avanzar hacia una unificación cambiaria. Sin embargo, los analistas advierten sobre la posibilidad de volatilidad en el tipo de cambio, una estrategia que podría ser utilizada por el gobierno para contrarrestar especulaciones. “La idea es permitir que el dólar fluctúe entre $1.100 y $1.300 de manera intermitente, descolocando a los agentes económicos y evitando que se fijen expectativas especulativas”, afirmó un economista consultado.

El impacto de un dólar en torno a $1.300 sobre los precios genera incertidumbre, especialmente en un contexto de inflación persistente. No obstante, el gobierno confía en que la estrategia de manejo del tipo de cambio dentro de las bandas permitirá contener las presiones inflacionarias en el corto plazo.

Mientras tanto, las reacciones en los mercados financieros no se hicieron esperar. Los operadores ajustaron sus posiciones ante la expectativa de mayor volatilidad cambiaria. Según el trader Adrián Wibly, “la cobertura a julio de 2025 subió del 3% al 4,7% por encima del dólar + Crawling Peg esperado, mientras que la cobertura a diciembre de 2025 pasó del 5% al 8,8%”. Estas variaciones reflejan la creciente incertidumbre entre los inversores.

En paralelo, el Banco Central y el Palacio de Hacienda enfrentan el desafío de coordinar las medidas necesarias para cumplir con las exigencias del FMI mientras se minimizan los impactos negativos sobre la economía real. La prioridad del gobierno es garantizar un proceso ordenado que permita una transición hacia un mercado cambiario más transparente, pero sin generar desequilibrios que puedan profundizar la crisis económica.

En síntesis, las negociaciones con el FMI avanzan en un delicado equilibrio entre las demandas del organismo, las presiones del mercado y las restricciones políticas internas. Lo que está en juego no es solo el acceso a financiamiento externo, sino también la estabilidad macroeconómica del país en un año de definiciones clave.

F: LPO