La elección del jurista y profesor de derecho responde a su cercanía con el presidente Javier Milei, quien lo admira profundamente.El Gobierno nacional ofreció el cargo de Procurador del Tesoro al exjuez Ricardo Manuel Rojas, un destacado jurista y profesor de derecho. Rojas, quien recientemente llegó de Guatemala, donde dicta clases en la Universidad Francisco Marroquín, fue convocado a una reunión en Casa Rosada con el asesor presidencial Santiago Caputo. Si acepta el ofrecimiento, reemplazará a Rodolfo Barra, desplazado del puesto el pasado viernes.

La elección de Rojas responde a su cercanía con el presidente Javier Milei, quien lo admira profundamente. En Casa Rosada aseguran que “era un nombre que le hubiera gustado para la Corte Suprema” y no descartan que eventualmente pueda llegar allí si alguno de los candidatos actuales, Ariel Lijo o Manuel García Mansilla, no prospera en el Senado. Rojas es conocido en los círculos liberales, en parte por su libro “La inflación como delito”, donde afirma: “Lo que se infla es el dinero, no los precios”.

A sus 66 años, Rojas cuenta con una extensa trayectoria profesional y académica. Fue secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia entre 1986 y 1993, juez en lo Criminal de Buenos Aires hasta 2008 y profesor en diversas universidades tanto argentinas como internacionales. Su perfil técnico y experiencia lo posicionaron como la opción preferida del Gobierno frente a otros nombres en evaluación, como Carlos Laplacette y Santiago Castro Videla.

El desplazamiento de Barra se dio luego de un dictamen que, según fuentes oficiales, no defendió adecuadamente a la gestión presidencial en un caso laboral. Además, desde Casa Rosada señalaron que Barra pasó gran parte de 2024 en Punta del Este, lo que generó incomodidad en el Ejecutivo. Este contexto aceleró la búsqueda de un reemplazo, siendo Rojas el candidato más destacado.

Con el apoyo de Milei, se espera que Rojas acepte asumir como jefe de los abogados del Estado. La Procuración del Tesoro es clave para la defensa judicial del Gobierno y su agenda política, por lo que la decisión final del jurista será determinante para el rumbo del área en esta nueva etapa.