El Gobierno denunció a Cristina Kirchner por mentir sobre su residencia para cobrar un plus de $6 millones

La exmandataria había fijado domicilio en Río Gallegos por lo que ANSES le pagaba un plus por residir en “zona Austral”, sin embargo vivía en CABA. El Ministerio de Capital Humano inició acciones por defraudación a la administración pública.

Otro revés judicial para Cristina Kirchner, esta vez fue el gobierno de Javier Milei quien presentó una demanda en su contra por fraude al Estado, ya que la exmandataria percibía un plus de seis millones de pesos en su jubilación de privilegio por fijar su domicilio en Río Gallegos, declarado como “zona austral”.

Por ello, el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, inició acciones legales contra la CFK por los presuntos delitos de estafa, defraudación a la Administración Pública y falsedad ideológica.

Según entiende el Gobierno, Cristina aplicó el ardid de declarar como residencia su casa en la provincia de Santa Cruz, “a fin de poder cobrar un suplemento dinerario a sus asignaciones de privilegio”, lo que elevaba el monto mensual que percibía a los casi 22 millones de pesos.

Es de público y notorio conocimiento que su residencia estuvo en la Ciudad de Buenos Aires durante el período de cobro de ambas asignaciones, mientras se desempeñaba, primero como senadora de la Provincia de Buenos Aires (2017-2019) y luego como vicepresidenta de la Nación (2019-2023)”, sostiene el escrito presentado por la cartera de Pettovello ante la Justicia.

De ser considerado inapropiado el cobro, “constituiría una conducta penalmente reprochable, con perjuicio fiscal para la ANSES y el erario público, que deberá ser determinado a partir de las tareas investigativas solicitadas”, indica la denuncia presenta por Capital Humano este martes.

Vale destacar que la titular del PJ nacional, pretende elevar a la justicia el reclamo para que se le reintegre tanto su jubilación, como pensión de privilegio por su esposo fallecido, el expresidente Néstor Kirchner, que la ANSES le suspendió en noviembre del 2024, por considerar que su condena a seis años de prisión por corrupción en la causa Vialidad, la hace “indigna” de seguir obteniendo beneficios del Estado que ella misma defraudó.

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