El Ejecutivo de la Ciudad anunció la presentación de un proyecto de ley en la Legislatura porteña para endurecer las sanciones contra los cuidacoches ilegales, conocidos como “trapitos”. La iniciativa busca convertir esta actividad en un delito con penas de arresto y multas significativas, en respuesta a recientes incidentes de violencia relacionados con estos individuos.

El Gobierno porteño, encabezado por el jefe de Gobierno Jorge Macri, decidió tomar medidas más estrictas contra los cuidacoches ilegales, comúnmente conocidos como “trapitos”. En colaboración con el ministro de Seguridad, Waldo Wolff, se está preparando un proyecto de ley que será presentado en la Legislatura en marzo, con el objetivo de que aquellos que ejerzan esta actividad sin autorización enfrenten penas más severas, incluyendo arresto y multas elevadas.

Esta iniciativa surge tras varios episodios de violencia protagonizados por cuidacoches. Uno de los casos más resonantes fue el de un médico que, al negarse a pagar a un grupo de trapitos en el barrio de Flores, fue brutalmente agredido.

El profesional relató que, tras estacionar su vehículo, fue abordado por un individuo que le exigió $5.000 por el cuidado del auto. Ante la negativa y la falta de efectivo, el agresor se tornó violento, amenazándolo con frases como “si no, te rompo todo, te mato”. El médico intentó calmar la situación, pero fue atacado con una tabla, resultando con lesiones en la cara y los brazos.

Actualmente, la legislación porteña considera la actividad de los cuidacoches sin autorización como una contravención, sancionándola con entre uno y dos días de trabajo comunitario o multas que rondan los $30.000. Sin embargo, estas penas son percibidas como insuficientes, ya que muchos de los infractores reinciden en la conducta. Según datos proporcionados por el ministro Wolff, durante enero, la Policía de la Ciudad detuvo a 600 trapitos, pero debido a las limitaciones legales, la mayoría recuperó su libertad rápidamente.

El proyecto de ley que se presentará en marzo busca reclasificar la actividad de los cuidacoches ilegales como un delito penal, lo que permitiría la detención efectiva de quienes la practiquen sin autorización. Además, se propone agravar las penas en casos donde se compruebe la existencia de organizaciones detrás de esta práctica o cuando se utilice la violencia o la extorsión para exigir pagos a los automovilistas.

Waldo Wolff enfatizó la necesidad de una reforma legal más amplia a nivel nacional, señalando que “esto con reincidencia se termina”. El ministro instó al Congreso a avanzar en el tratamiento de proyectos que aborden la reiterancia delictiva, argumentando que, aunque la Ciudad puede implementar medidas locales, es esencial contar con herramientas legales a nivel nacional para abordar de manera efectiva la problemática de la reincidencia en delitos menores.

La iniciativa del Gobierno porteño ha generado diversas reacciones. Mientras algunos sectores apoyan la medida como una respuesta necesaria para garantizar la seguridad y el orden en la vía pública, otros advierten sobre la necesidad de abordar las causas subyacentes que llevan a las personas a desempeñar esta actividad, sugiriendo la implementación de programas de inclusión laboral y social como complemento a las sanciones propuestas.

Se espera que el proyecto sea debatido en la Legislatura porteña en las próximas semanas. De ser aprobado, representaría un cambio significativo en la política de la Ciudad respecto a los cuidacoches, buscando erradicar una práctica que, según las autoridades, se ha vuelto problemática y, en ocasiones, peligrosa para los ciudadanos.