La acusación también incluye el delito de defraudación al Estado nacional en el manejo de fondos públicos destinados a asistencia social.

El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó la elevación a juicio oral y público de Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero, junto a otras 17 personas, por presunta extorsión a beneficiarios del plan Potenciar Trabajo.

Según informó el propio fiscal en un dictamen de 279 páginas, la investigación reveló “una estructura delictiva compleja” que durante años aprovechó la vulnerabilidad de miles de beneficiarios de planes sociales.

En el escrito presentado ante el juez federal Sebastián Casanello, Pollicita solicitó que el caso avance a juicio oral, al considerar acreditados los delitos de administración fraudulenta, amenazas coactivas y extorsión.

De acuerdo con la acusación, la organización encabezada por el polémico dirigente exigía a los beneficiarios de planes sociales la entrega de una parte de sus ingresos como condición para no ser dados de baja del programa. El funcionario judicial señaló que este mecanismo les permitió a los acusados “ejercer ilegítimamente poder sobre los beneficiarios para dirigirlos a su voluntad y apropiarse de dinero público destinado a la ayuda social”.

El fiscal detalló que el Polo Obrero administraba al menos 65 mil planes sociales y que el desvío de fondos solo entre agosto de 2023 y febrero de 2024 habría superado los 313 millones de pesos. “Se comprobó que los acusados implementaron un sistema de recaudación obligatoria a expensas de los beneficiarios de planes, quienes temían perder la asistencia del Estado”, explicó.

La causa judicial comenzó en diciembre de 2023 tras denuncias recibidas en una línea habilitada por el Ministerio de Seguridad. A partir de allí, la fiscalía recabó testimonios de testigos protegidos y ordenó allanamientos en los que se secuestraron documentos clave. Como resultado, el juez Casanello procesó a Belliboni y a los demás acusados, confirmando la Cámara Federal los agravantes en noviembre pasado.

Entre las pruebas reunidas por la fiscalía figuran cuadernos con registros de los aportes exigidos, comunicaciones que refuerzan la hipótesis de extorsión y facturas falsas que habrían sido utilizadas para desviar fondos destinados a formación laboral. Pollicita también destacó que los líderes de la organización recibían una “suerte de salario” que se financiaba con los aportes extorsivos y con fondos estatales.

Conexiones políticas y otras investigaciones en curso

El fiscal también pidió que se investigue el rol de Emilio Pérsico, exfuncionario del Ministerio de Desarrollo Social y líder de Barrios de Pie, dado que la maniobra del Polo Obrero habría contado con la complicidad de funcionarios públicos. En su dictamen, Pollicita resaltó que “sin la connivencia de exautoridades de la Secretaría de Economía Social, este esquema fraudulento no habría sido posible”.

Si bien el pedido de elevación a juicio oral se centra en Belliboni y su entorno más cercano, la investigación continúa abierta para determinar si se cometieron delitos adicionales, como lavado de dinero y asociación ilícita. Casanello deberá evaluar el pedido de Pollicita y resolver si acepta la solicitud de juicio oral, lo que podría marcar un precedente en el manejo de planes sociales en Argentina.

Defensas y estrategia judicial

Belliboni y su defensa han negado las acusaciones y denunciado supuestas irregularidades en la investigación. En su declaración indagatoria, el dirigente del Polo Obrero sostuvo que los aportes de los beneficiarios eran voluntarios y que el gobierno de Javier Milei “orquestó una persecución política” contra los movimientos sociales. Además, su defensa intentó frenar la causa alegando filtraciones indebidas de información por parte del fiscal.