El convenio fue firmado en 2023 entre la Facultad de Ciencias Económicas y Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE). La documentación, a la que tuvo acceso TN, expuso que no se presentó un plan de trabajo, ni hay evidencia de tareas realizadas.

Un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) reveló presuntas irregularidades en un convenio firmado en 2023 entre la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE). Según la documentación analizada, la UBA recibió un pago de $58.529.618 por colaborar en la auditoría interna de la empresa estatal, aunque no presentó un plan de trabajo ni existen pruebas concretas de que la tarea haya sido realizada.

El informe señala varias anomalías en el acuerdo:

• SOFSE ya contaba con su propia Unidad de Auditoría Interna, integrada por 11 agentes, lo que cuestiona la necesidad de asistencia externa.
• No se especificó cuántas personas de la UBA participaron ni sus antecedentes profesionales.
• Aunque el convenio estipulaba la conformación de un equipo con supervisor, líder de proyecto, coordinadores y expertos, no hay registros que acrediten su existencia.
• No se presentaron evidencias de análisis de documentación, identificación de riesgos o seguimiento de proyectos, que eran parte de las tareas pactadas.

La SIGEN concluyó que “no obra evidencia acerca del trabajo específicamente realizado por la UBA”, ya que la Facultad no presentó un cronograma detallado de actividades ni diferenció su labor de la ya realizada por la Unidad de Auditoría Interna de SOFSE.

Este análisis se enmarca en la decisión del Gobierno de Javier Milei de examinar los gastos de la UBA, aunque la universidad sostiene que su control interno corresponde a la Auditoría General de la Nación (AGN), conforme a la Ley de Educación Superior.

Además, la SIGEN asegura contar con un documento que indica que la UBA no rindió el 89% de los fondos recibidos entre 2020 y 2022 en el marco de programas universitarios como FUNDAR, lo que equivale a unos $8000 millones sin especificación de destino. También se detectaron irregularidades en el uso de otros $500 millones destinados a infraestructura entre 2015 y 2019.

El convenio con SOFSE tenía una duración de un año e incluía la presentación de un plan de trabajo y cuatro informes de avance. Sin embargo, la falta de documentación sobre los profesionales involucrados y los resultados obtenidos impide determinar si el monto cobrado se corresponde con los servicios efectivamente prestados.

La SIGEN fue categórica en su conclusión: “No obra evidencia acerca del trabajo específicamente realizado por la UBA”. Además, la superposición de funciones entre la auditoría interna de SOFSE y la UBA genera incertidumbre sobre qué tareas fueron efectivamente realizadas por cada entidad.