La medida busca mejorar la infraestructura vial del país, pero genera dudas sobre su impacto en los usuarios y las finanzas públicas.

El Gobierno de la Nación sigue avanzando en su plan de privatización de rutas y autopistas del país, en una medida que afecta a casi 6 mil kilómetros de infraestructura vial.

Este viernes, en conferencia de prensa, se anunció que la participación de capitales privados será habilitada en la compañía Corredores Viales, que actualmente administra importantes tramos de las rutas nacionales 3, 5, 7, 8, 9, entre otras, además de controlar las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas. El modelo impulsado por el oficialismo establece que las empresas privadas asumirán la responsabilidad de las obras necesarias y, a cambio, podrán cobrar peajes a los usuarios de las vías.

Manuel Adorni, vocero presidencial, explicó que este cambio busca una mejora sustancial en la infraestructura vial. “Subían los peajes mientras las rutas se caían a pedazos”, expresó durante su intervención, destacando la necesidad de un nuevo enfoque en la gestión de estas autopistas y rutas.

Con el objetivo de mejorar la calidad de las rutas y acelerar las obras de infraestructura, el Gobierno delegará en el sector privado la ejecución de los proyectos, eliminando las restricciones impuestas por la ley de obra pública. Según Adorni, este nuevo esquema permitirá a las empresas subcontratar las obras de manera más eficiente, sin las limitaciones previas.

La Agencia de Transformación de Empresas Públicas, dependiente del Ministerio de Economía, será la encargada de coordinar la implementación de este modelo. Entre las primeras medidas se encuentra la extinción por mutuo acuerdo de los contratos de concesión de diez tramos de rutas a cargo de Corredores Viales, el inicio de los procedimientos de selección para nuevas concesiones y, eventualmente, la disolución de la propia empresa estatal.

Los argumentos que respaldan esta decisión se basan en la situación crítica en que se encuentran muchas de las rutas bajo la administración de Corredores Viales.

Según el vocero libertario, el 45% de las trazas gestionadas por la compañía se encontraban en estado crítico, mientras que los contratos de obras estaban paralizados y el atraso tarifario alcanzaba el 45% respecto a la tarifa técnica. A esto se le suma una deuda de 142 mil millones de pesos con proveedores y pérdidas acumuladas de 268 mil millones de pesos en 2023.

El portavoz también recordó que, a pesar de los resultados negativos, el Estado argentino destinó 301 mil millones de pesos para sostener las operaciones de Corredores Viales. Con esta privatización, el Gobierno espera que las concesionarias puedan generar los recursos necesarios para llevar a cabo las obras y mantener la infraestructura en mejores condiciones.

La medida ha generado un amplio debate en torno a la eficiencia de la privatización de servicios públicos y el impacto que tendrá sobre los usuarios de las autopistas, quienes deberán afrontar el pago de peajes a las empresas concesionarias. Sin embargo, el Gobierno confía en que este modelo impulsará la competitividad y el desarrollo de la infraestructura vial del país.