El jefe de los fiscales advirtió que el déficit presupuestario compromete el funcionamiento del organismo judicial y podría afectar la persecución del delito.

La tensión entre el Gobierno y la Justicia sigue en aumento. Eduardo Casal, procurador general de la Nación, volvió a poner sobre la mesa la falta de fondos destinados a la implementación del sistema acusatorio, un esquema procesal que coloca a los fiscales al frente de las investigaciones y agiliza los procesos judiciales. Según advirtió, el recorte de recursos compromete el normal funcionamiento del Ministerio Público Fiscal y dificulta el avance de esta reforma clave para el sistema judicial argentino.

El reclamo se enmarca en un contexto de ajustes presupuestarios impulsados por el Ejecutivo en diversas áreas del Estado. A pesar de que el presidente Javier Milei destacó en la apertura de sesiones del Congreso la necesidad de avanzar con la implementación del sistema acusatorio, desde la Procuración General advierten que los recursos asignados son insuficientes para garantizar su funcionamiento. De los $641.000 millones solicitados por el Ministerio Público Fiscal para el año en curso, solo se aprobaron $454.807 millones, dejando un déficit significativo.

Un sistema en riesgo por la falta de recursos

Desde la Procuración señalan que la escasez de fondos impacta directamente en la operatividad del sistema. Actualmente, el 35% de los cargos de fiscales se encuentran vacantes, lo que dificulta la correcta aplicación del modelo acusatorio, que requiere de un mayor número de magistrados y personal capacitado para llevar adelante las audiencias y procesos de manera expedita.

“Es imprescindible contar con los recursos tecnológicos, edilicios y humanos necesarios para garantizar la correcta aplicación del sistema”, remarcan desde el organismo. La reforma procesal prevé una mayor oralidad en los juicios y una aceleración en la resolución de causas, lo que demanda infraestructura adecuada y herramientas digitales que permitan gestionar los expedientes de manera eficiente.

Preocupación por la implementación en nuevas jurisdicciones

Pese a las dificultades presupuestarias, el Gobierno mantiene su cronograma de implementación del sistema acusatorio en distintas jurisdicciones. En los próximos meses, se prevé su puesta en marcha en Mar del Plata (7 de abril) y Bahía Blanca (5 de mayo), aunque desde la Procuración alertan que la falta de respuesta a sus reclamos podría afectar el desarrollo de esta transición.

Casal ya había enviado una nota al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, exponiendo la delicada situación financiera del organismo. En el documento se detallaba que, en provincias donde ya se implementó el sistema, como General Roca y Comodoro Rivadavia, persisten falencias en la provisión de equipamiento y software esenciales para el desempeño de los fiscales.

El recorte de fondos no solo afecta la operatividad del sistema acusatorio, sino que también repercute en la estructura del Ministerio Público Fiscal en su conjunto. El 90% del presupuesto asignado al organismo se destina a sueldos, dejando escasos recursos para inversiones en tecnología y mejoras edilicias.

Fuentes judiciales advierten que la reducción presupuestaria afecta directamente la capacidad de respuesta del sistema penal frente a delitos complejos, como el narcotráfico y la corrupción. “No contar con los recursos adecuados limita las investigaciones y pone en riesgo la efectividad del sistema judicial”, sostienen desde la Procuración.

Ante este escenario, el procurador insiste en la necesidad de que el Gobierno garantice el financiamiento necesario para la correcta aplicación del nuevo modelo procesal. “No puede seguirse adelante eficientemente sin la debida adjudicación de recursos”, concluyó Casal en su último informe.