Los diputados de la Coalición Cívica, Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, sostienen que la hermana del Presidente organizó reuniones a cambio de dinero.

Los diputados de la Coalición Cívica, Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, presentaron una denuncia penal contra Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, por presunto cohecho, tráfico de influencias y violación de la Ley de Ética Pública. La denuncia se enmarca en la investigación sobre la criptomoneda $LIBRA y señala a la hermana del Presidente como coordinadora de reuniones entre Javier Milei y empresarios vinculados al proyecto. La causa quedó en manos del fiscal Eduardo Taiano y el juez Marcelo Martínez de Giorgi.

Según la denuncia, Milei habría gestionado el acceso de empresarios a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos a cambio de dinero. “En su carácter de Secretaria General de la Presidencia, reforzada por la condición de hermana, Karina Milei maneja la agenda de entrevistas del Presidente”, sostienen los legisladores. Además, mencionan que el trader Hayden Davis afirmó en chats privados que la funcionaria “pedía sobornos“. También se cita el testimonio del empresario Diógenes Casares, quien habría ratificado que un alto funcionario recibió dinero para que Milei promocionara $LIBRA en redes sociales.

El documento también señala que la Secretaría General de la Presidencia autorizó el ingreso de los empresarios Mark Hayden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy a la Casa Rosada, y que Sergio Morales, un socio comercial de Novelli, fue vinculado a la Comisión Nacional de Valores. La denuncia menciona además declaraciones del orfebre Juan Carlos Pallarolls, quien afirmó que Karina Milei le solicitó un depósito de 2000 dólares para gestionar una reunión con el Presidente.

Los legisladores citan información publicada por La Nación, que detalla cómo en la página web de NW Professionals, empresa de Novelli, se promocionaban cursos de criptomonedas impartidos por Javier Milei, lo que indicaría una relación estrecha entre el mandatario y los impulsores de $LIBRA. También sostienen que una docena de conversaciones privadas demostrarían que Davis habría sobornado a funcionarios del Gobierno para que Milei promocionara la criptomoneda.

Frade y Ferraro exigen que se investigue el recorrido del dinero recaudado y sugieren que la Fundación Faro Argentino, vinculada a Agustín Laje, podría haber sido utilizada para canalizar fondos. “Si las entrevistas y encuentros presidenciales pasaban sólo por las manos de la denunciada, tendrá que ser materia de indagación el recorrido de esa recaudación”, sostienen. La denuncia cita además artículos del Código Penal y de la Ley de Ética Pública que podrían haber sido vulnerados, y solicita que la Justicia determine el grado de responsabilidad de Karina Milei en el caso.