La denuncia busca bloquearle la posibilidad al Gobierno de cerrar un nuevo programa a través de un DNU, sin pasar por el Congreso.

Diputados del bloque de Unión por la Patria (UxP) presentaron una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por la inminente publicación de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que avalaría un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La presentación, realizada este lunes, acusa al mandatario de “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”, entre otros delitos, y busca frenar la toma de nueva deuda antes de que se concrete.

La denuncia, presentada por siete diputados de UxP con el patrocinio del abogado Eduardo Barcesat, recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°2. En el escrito, argumentan que el Ejecutivo “viola cláusulas constitucionales y la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública” al avanzar con el acuerdo sin la intervención del Congreso. Además, señalan que no solo Milei es responsable, sino también quienes participen en la firma del DNU, lo que podría configurar “violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y usurpación de funciones”.

La denuncia se presentó luego de que la expresidenta Cristina Kirchner criticara duramente el acuerdo con el FMI. “Estás tan desesperado porque te faltan dólares que vas a hacer un pésimo negocio para los intereses del país”, expresó en su cuenta de X, acusando a Milei de “mentirle a la gente” sobre los términos del entendimiento con el organismo multilateral.

El escrito destaca que la medida anunciada por el Gobierno implica “un empréstito en moneda extranjera que pesa sobre el patrimonio público”, lo que hace imprescindible la intervención del Congreso. Además, advierte que un nuevo endeudamiento con el FMI afectará a la población, ya que “esa deuda se cancela mediante el pago de tributos internos que pesan sobre el pueblo argentino”.

Entre los pedidos a la Justicia, los diputados de UxP solicitan que se oficie al Congreso para determinar si recibió algún proyecto de ley sobre el endeudamiento y que se informe a ambas Cámaras para que evalúen su posible participación en la causa como querellantes. También piden la suspensión de cualquier acto que avance en la formalización del acuerdo y la aplicación de una medida cautelar para impedir la continuidad de lo que consideran un “obrar presuntamente ilícito”.

En ese contexto, la denuncia busca bloquear la posibilidad de que el Gobierno concrete el acuerdo mediante un DNU, sosteniendo que este mecanismo es inconstitucional para un tema de tal magnitud. La causa ahora queda en manos de la Justicia, mientras el oficialismo enfrenta una nueva escalada de tensión con la oposición en el Congreso.