La líder de la Coalición Cívica tildó de inconstitucional el nombramiento por decreto de Javier Milei, de los jueces para la Corte Suprema y solicitó que se respete la independencia de los poderes del Estado.

Siguen las repercusiones políticas por el nombramiento a través de un decreto del presidente Javier Milei, de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, como integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Esta vez, Elisa Carrió, presentó un recurso judicial para revocar la designación de los polémicos magistrados.

La líder de la Coalición Cívica (CC), utilizó el recurso amicus curiae ante el Juzgado Federal N° 2 de La Plata, para cuestionar la constitucionalidad del Decreto 137/2025 firmado por el Presidente de la Nación. La presentación que habilita a terceros ajenos a un caso a opinar voluntariamente sobre el hecho, solicita la “nulidad absoluta e insanable” del nombramiento de los nuevos cortesanos.

“La designación realizada por decreto viola de manera directa la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional y los principios esenciales del sistema republicano, como la independencia judicial y la división de poderes”, afirma el escrito presentado por Carrió, que recayó ante juez federal Alejo Ramos Padilla.

En ese sentido, la exdiputada sostiene que la designación de los nuevos magistrados por decreto contraviene la normativa vigente, ya que la Constitución establece un procedimiento “especial y reforzado” para estos nombramientos. “En cambio, Milei usó una norma excepcional que permite cubrir provisoriamente otros cargos, como embajadores o jefes militares, solo cuando la vacante ocurre durante el receso legislativo”, detalla la presentación.

“Por ello, no es aplicable a la Corte Suprema, cuyos miembros deben ser designados mediante el procedimiento constitucional específico”, asegura el texto judicial que fue ingresado en la Justicia platense, este martes 11 de marzo, por la referente chaqueña. Además, Carrió recordó que el Decreto hace referencia a precedentes que no se ajustan a la reforma constitucional de 1994, que estableció limitaciones claras al poder presidencial en la designación de jueces.

A lo que agrega: “La interpretación de la Constitución Nacional debe ser armónica, donde las normas no se contradicen, sino que se complementan. La Reforma Constitucional de 1994 reforzó la independencia del Poder Judicial, limitó la discrecionalidad presidencial en la designación de magistrados, creó el Consejo de la Magistratura y otorgó jerarquía constitucional a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, que garantizan el derecho a ser juzgado por jueces independientes e imparciales”.

“Por tanto, cualquier interpretación debe hacerse a la luz de ese nuevo marco constitucional, que impide utilizar ese mecanismo para nombrar jueces de la Corte Suprema. La propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado como inconstitucionales a mecanismos similares en fallos denominados ‘Aparicio’ y ‘Uriarte’, reafirmando que la independencia judicial no admite grados ni excepciones”, concluye la presentación realizada por Carrió, que ya había cuestionado muy duramente el accionar de Milei tildándolo de antidemocrático.