La convocatoria podría verse afectada por el pedido del oficialismo para debatir la declaración de emergencia de Bahía Blanca y la ley de Ficha Limpia.

El bloque de senadores de Unión por la Patria (UP) solicitó a la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, una sesión especial para el jueves 20 de marzo a las 12, con el fin de tratar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, designados por el Ejecutivo como jueces de la Corte Suprema. La solicitud se enmarca en una disputa política dentro de la Comisión de Acuerdos, donde el pliego de García-Mansilla ya recibió un dictamen de rechazo firmado por siete senadores de UP.

La oposición sostiene que el presidente Javier Milei se excedió en sus facultades al nombrar a los jueces en comisión durante el receso legislativo. En este sentido, el jefe de la bancada de UP, José Mayans, advirtió que permitir esto generaría un peligroso precedente: “Si se permite esto, cualquier presidente podrá nombrar jueces en comisión sin el Senado”. A su vez, el senador radical Martín Lousteau recordó que García-Mansilla había asegurado en su audiencia pública que no aceptaría ser juez por decreto, lo que llevó a cuestionar su cambio de postura.

Sin embargo, la sesión solicitada por UP podría verse afectada por otra convocatoria impulsada por el oficialismo. Apenas una hora antes del pedido opositor, el jefe libertario en la Cámara Alta, Ezequiel Atauche, y otros cuatro senadores de su espacio presentaron una solicitud para debatir la declaración de emergencia en Bahía Blanca y la Ley de Ficha Limpia, normativa ya aprobada en Diputados y que está a un paso de su sanción definitiva.

En el Senado se especula que Villarruel podría priorizar la sesión de los libertarios, lo que serviría como excusa para postergar el tratamiento de los pliegos de los jueces. En el peronismo advierten que si el plenario del Senado rechaza los nombramientos con 25 votos en contra, los magistrados perderían su designación en comisión. Mientras que Lijo aún no juró en la Corte, García-Mansilla ya asumió su cargo, lo que podría generar un conflicto interpretativo sobre su continuidad.

Ante este escenario, la decisión final sobre los nombramientos podría terminar en manos de la Justicia. UP busca frenar las designaciones por considerarlas inconstitucionales, mientras que el oficialismo apuesta a dilatar el debate y avanzar con su agenda legislativa.