El Ministerio de Seguridad la acusó de prevaricato, omisión de los deberes de funcionario público y encubrimiento luego de ordenar la liberación de más de 100 personas detenidas durante la marcha por los jubilados del miércoles pasado.

En representación del Ministerio de Seguridad que dirige Patricia Bullrich, Fernando Oscar Soto presentó este lunes una denuncia penal contra la jueza Karina Andrade, quien liberó a más de 100 detenidos durante las protestas en la marcha por los jubilados

El Gobierno la acusó de los delitos de presunto prevaricato, omisión de los deberes de funcionario público y encubrimiento.

En la denuncia se menciona la presencia de “grupos organizados de ‘barras bravas’ de diferentes parcialidades deportivas como Chacarita, Boca, River, Independiente, Racing, Estudiantes, Gimnasia y Esgrima La Plata, Argentinos Juniors, Tigre, Lanús, Ferro Carril Oeste, All Boys, Atlanta, Temperley, Almirante Brown, Excursionistas, Deportivo Morón, Quilmes, Nueva Chicago, Los Andes, entre otros clubes”.

“Los grupos movilizados, que nada tenían que ver con una convocatoria de personas mayores de edad jubiladas, inmediatamente que llegaron a la zona del Congreso Nacional comenzaron a agredir a las Fuerzas de Seguridad con empujones, golpes, piedras, armas blancas y armas de fuego”, indicaron en la presentación.

Y añadieron que “incendiaron objetos de la vía pública, una moto policial y un patrullero de las Fuerzas de Seguridad, rompieron y dañaron bienes públicos y lesionaron a más de una docena de policías”.

A su vez, señalaron que “al evaluar que los delitos denunciados abarcaban la comisión de los delitos de Daño, Resistencia a la Autoridad y Lesiones, investigados en la Justicia de la Ciudad”, y apuntaron que “la Justicia Federal debería avocarse a la actuación en curso ante esa Magistratura Local, disponiendo la declaración de incompetencia por el sistema de inhibitoria procesal”.

“Los hechos allí investigados son un conjunto de acciones directamente relacionadas con los tipos de Sedición, Atentado al Orden Constitucional y la Vida Democrática y Asociación Ilícita Agravada”, alertaron.