El ministro de Defensa puso el eje en las operaciones financieras que facilitaron la transferencia de dinero e investigará las presuntas facilidades que dio el Estado argentino para el cobijo de criminales de guerra del Tercer Reich.

El ministro de Defensa, Luis Petri, dio a conocer en las últimas horas que los archivos desclasificados sobre los criminales de guerra nazis que se ocultaron en Argentina pueden brindar información novedosa en cuanto a qué o quiénes financiaron su estadía en el país y, a su vez, cómo fue posible que ese dinero entrara al territorio nacional.
A casi una semana después de que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, adelantara la decisión gubernamental de avanzar con la desclasificación de archivos, Petri se enfocó en la parte financiera y reveló que hay indicios que permitirían esclarecer el movimiento de fondos que financió la presencia de los jerarcas nazis en Argentina.
El funcionario expresó que “Argentina en su momento se convirtió en una guarida de nazis, acá vivieron nazis como Menguele, Priebke, Eichmann, y no solamente vivieron ellos, se calcula que alrededor de 5 mil nazis pueden haber vivido o transitado en Argentina entre el 45 y el 55“.
El origen y la ruta del dinero nazi
Petri afirmó que, en paralelo al salvoconducto desarrollado para la legada de los criminales de guerra del Tercer Reich en nuestro país, también se gestó una ruta del dinero para financiar su nueva vida en el cono sur.
Ese dinero pudo ser de ellos, o más bien el acumulado a partir de la confiscación de bienes y capital durante el régimen nazi de Alemania (1933-1945) o bien proveniente de operaciones financieras de bancos con lazos remanentes con el nazismo dentro y fuera del país, las cuales a su vez habrían transferido esa riqueza espuria a cuentas en Argentina.
El rol del Estado argentino en el salvoconducto
Asimismo, el ministro de Defensa tiene el ojo puesto en conocer algunas actas del directorio que daba cuenta de operaciones de Fabricaciones Militares entre 1945 y 1950 en las cuales, y en carácter secreto, se encomendaba la contratación de personas en países europeos. Lo que pudo haber fungido como un salvoconducto provisto por los gobiernos de Edelmiro Farrell (1944-1946) y de Juan Domingo Perón (1946-1955) para una gran cantidad de personas vinculadas al Gobierno del Tercer Reich.





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