Roberto Fernández, el secretario general del gremio, ya anticipó que no adherirá a la huelga convocada para el 10 de abril.

El Gobierno de Javier Milei intensificó sus esfuerzos para evitar que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) se sume al paro general convocado por la CGT para el 10 de abril. A través de una combinación de presiones legales y una auditoría sorpresa a la obra social del gremio, la administración busca garantizar el funcionamiento del transporte público y restarle impacto a la medida de fuerza.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, tomó la primera medida al dictar la conciliación obligatoria la semana pasada, lo que impide a la UTA tomar cualquier medida de fuerza por 15 días. En caso de incumplir, el gremio podría enfrentar sanciones económicas o incluso la pérdida de su personería gremial. Sin embargo, algunos especialistas sostienen que la conciliación no debería utilizarse para impedir un paro general.

Roberto Fernández, secretario general de la UTA, ya transmitió a su entorno que no adherirá a la huelga. Su decisión responde a dos razones principales: la obligación de respetar la conciliación obligatoria y su distanciamiento de la CGT, en especial del sector liderado por Hugo Moyano. Además, la relación del gremio con el Gobierno es clave, dado que la administración de Milei mantiene subsidios millonarios que garantizan la operatividad del transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). “Es muy poco probable, casi nula, la posibilidad de parar con el dictado de la conciliación obligatoria”, aseguraron fuentes de la UTA.

A la presión legal se sumó una auditoría imprevista de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) a la obra social de la UTA, administrada por Silvia Antonia Bevk, esposa de Fernández. Si bien el organismo a cargo de Gabriel Oriolo negó una posible intervención, en el gremio circuló la versión de que esta posibilidad fue utilizada como un factor de presión. La SSS ya intervino ocho obras sociales sindicales en los últimos meses.

El conflicto deja en evidencia una fuerte disputa de poder entre el Gobierno y los gremios, con la CGT buscando respaldo para su medida de fuerza y el oficialismo aplicando estrategias para reducir su impacto. Sin la adhesión de la UTA, el paro perdería fuerza, ya que el transporte público es clave para garantizar su éxito. Mientras tanto, el descontento en las bases del gremio crece, en un contexto de negociación salarial estancada y malestar por la falta de actualización de los sueldos de los choferes.