La Cámara Federal de San Martín resolvió que la causa por el escándalo del token cripto será investigada en Comodoro Py.

La Cámara Federal de San Martín resolvió este jueves el conflicto de competencia judicial competencia judicial en la causa conocida como Libra, vinculada al escándalo con el lanzamientolanzamiento de una criptomoneda ligada al entorno libertario, y determinó que todas las actuaciones pasen a ser instruidas por la jueza María Servini, en los tribunales federales de Comodoro Py.

Con esta decisión, la magistrada federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, fue apartada de la investigación.

El fallo, firmado por el juez Juan Pablo Salas, destacó que la justicia federal porteña se encuentra “en una mejor posición procesal e investigativa” para abordar el expediente, en comparación con lo actuado hasta ahora en San Isidro.

Según se desprende de la resolución, el juzgado de Servini no sólo recibió antes las denuncias vinculadas al caso, sino que además impulsó medidas de prueba más amplias, mientras que la magistrada de San Isidro se habría centrado únicamente en una porción del entramado.

La Cámara remarcó que “la justicia federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue la que previno, si comparamos lo actuado en uno y otro expediente”. Y agregó que se encuentra “en mejor posición para investigar de manera integral el objeto procesal”, dado que los hechos habrían ocurrido en distintas jurisdicciones, pero mantienen una conexión entre sí.

Qué investiga la Justicia en la causa Libra

El fiscal Eduardo Taiano, que actúa bajo las órdenes de María Servini, tiene en la mira el origen y los responsables del token Libra, cuyo nombre remite directamente a uno de los lemas del presidente Javier Milei: ¡Viva la libertad, carajo!

Entre las medidas ordenadas, se solicitó información oficial sobre la creación del sitio “Vivalalibertadproject.com”, que fue usado para promocionar la criptomoneda. El objetivo es determinar la fecha de registro, la dirección IP de origen y la titularidad del dominio.

Además, el fiscal pidió acceso al Registro Único de Audiencias del Ministerio del Interior para identificar posibles encuentros entre funcionarios del Gobierno —incluido el propio Milei— con los empresarios Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales (CNV), Julian Peh (CEO de KIP Protocol) y Hayden Mark Davis (Kalsier Ventures).

Taiano también emitió pedidos de informes a organismos públicos y privados relacionados al mundo cripto, como el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Inspección General de Justicia (IGJ) y Google.

En paralelo, solicitó un exhorto internacional para avanzar con la investigación sobre Davis, radicado en Estados Unidos. Este procedimiento, si se concreta, deberá canalizarse a través de Cancillería.