La Casa Rosada firmó un decreto para que la Unidad de Información Financiera ya no actúe como querellante en la Justicia; argumentan que se busca evitar superposición de funciones y reducir el gasto.

La Casa Rosada firmó un decreto para que la Unidad de Información Financiera ya no actúe como querellante en la Justicia; argumentan que se busca evitar superposición de funciones y reducir el gasto.

A través del decreto 274/2025, el presidente Javier Milei dispuso que la Unidad de Información Financiera (UIF) deje de actuar como querellante en causas por corrupción y lavado de dinero. La medida fue firmada también por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y justificada como parte de una reorganización para “evitar superposiciones con el Ministerio Público Fiscal”.

“El esquema actual superpone la actividad de ambos organismos con el consecuente gasto de recursos humanos y económicos que conlleva y el riesgo de incurrir en contradicciones”, advierte el decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

Desde ahora, la UIF seguirá colaborando con la Justicia aportando informes e información financiera, pero dejará de tener rol activo en los expedientes como parte acusadora. Según el Gobierno, la decisión responde también a recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que sugiere evitar que los organismos de control comprometan su independencia funcional al intervenir como parte en procesos judiciales.

Cambios en la estructura del Estado
La medida forma parte de un proceso de “reestructuración organizativa” con el que el Ejecutivo busca “alcanzar la máxima eficacia y eficiencia” en el uso de los recursos del Estado, según el texto oficial.

“La reestructuración organizativa y las modificaciones de competencias que se propician por la presente medida permitirán alcanzar la máxima eficacia y eficiencia en la gestión técnica de los medios con los que cuenta el Estado Nacional para garantizar la seguridad de los ciudadanos”, argumenta el decreto.

La UIF había tenido un rol clave en los últimos años como querellante en causas sensibles que involucraban maniobras de corrupción, evasión y lavado de activos. Ahora, el Gobierno marca un giro en su rol institucional.

Qué implica el decreto

Estos son algunos de los puntos clave del decreto 274/2025:

La UIF ya no será parte querellante en causas por corrupción y lavado.

El Gobierno alega superposición de funciones con la Procuración.

La medida responde a recomendaciones del GAFI.

Se busca preservar la autonomía del organismo.

La UIF continuará colaborando con la Justicia, pero sin impulsar causas.

El objetivo es una gestión más “ágil, eficiente y coordinada” del Estado.

Aunque el oficialismo defiende la medida como parte de una modernización del aparato estatal, desde algunos sectores judiciales advierten que la decisión podría debilitar herramientas que ayudaron a avanzar en investigaciones sensibles de los últimos años.