El ministro de Justicia defendió la decisión de quitarle a la Unidad de Información Financiera la facultad de querellar en causas de corrupción, y acusó al extitular del organismo durante el gobierno de Macri de cobrar comisiones millonarias.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, salió a responder con dureza las críticas del extitular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, luego de que el Gobierno nacional publicara el Decreto 274/2025 que dispone que la UIF deje de actuar como querellante en causas judiciales por corrupción y lavado de activos.

La medida generó un fuerte revuelo político y reavivó viejas tensiones entre el oficialismo y funcionarios ligados al macrismo. En un mensaje publicado en redes sociales, la macrista acusó al Gobierno de Javier Milei de “debilitar los organismos de control autónomos” y de promover la impunidad.

“La diferencia entre un proyecto de poder y un proyecto de Nación es que el primero necesita impunidad para sostenerse”, escribió el exfuncionario, quien encabezó la UIF entre 2016 y 2019. Sin nombrar directamente a Cúneo Libarona ni a Milei, advirtió sobre “gobiernos con sesgos autoritarios” que buscan silenciar los controles.

La respuesta no se hizo esperar. A través de su cuenta de X, el actual ministro de Justicia desestimó las acusaciones y redobló la apuesta: “La UIF fue utilizada tanto por el kirchnerismo como por el gobierno de Macri, en el que vos eras titular, para perseguir opositores. Con esta medida queremos despolitizar el organismo”, escribió Cúneo Libarona.

Además, reveló un dato que generó aún más controversia: “Quisiste intermediar con la consultora Key2 cobrándole 600 mil dólares al Estado argentino y este Gobierno rechazó esa operación”. La acusación apunta directamente a Federici por haber intentado hacer negocios con el Estado tras su salida del cargo.

En defensa de la decisión oficial, el ministro aseguró que la medida responde a recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que había señalado en su informe final que le “preocupa el uso selectivo de querellas, en algunos casos relacionados con la corrupción, especialmente luego de cambios de gobierno”.

El Gobierno justificó el decreto argumentando que la UIF debe concentrarse en su rol técnico de análisis financiero, sin inmiscuirse en estrategias procesales que les corresponden a los fiscales. “Menos del 10% de los países en el mundo permiten que sus UIF participen como querellantes en procesos judiciales. Argentina era una excepción”, apuntó el ministro de Justicia.

Desde la Casa Rosada aseguran que la reestructuración apunta a “sanear moralmente las instituciones del Estado” y evitar la superposición de funciones que, según el texto del decreto, genera un “gasto innecesario de recursos humanos y económicos”.

Por otro lado, el documento oficial destaca que la nueva normativa permitirá “una gestión más ágil y centralizada” en la lucha contra el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero, al tiempo que refuerza la coordinación entre los distintos entes públicos.