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Como parte del acuerdo con el organismo multilateral, el Gobierno ya dio de baja 21 fideicomisos públicos y proyecta cerrar otros cinco antes de fin de año.

En sintonía con el ajuste fiscal pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno de Javier Milei confirmó la eliminación de casi la totalidad de los fondos fiduciarios públicos, una herramienta que fue clave para el financiamiento extrapresupuestario durante los últimos años. Solo uno de ellos seguirá vigente: el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, que permanecerá en funcionamiento hasta diciembre de 2031 gracias a su vinculación con el Régimen de Zona Fría.

La decisión fue detallada en el reciente documento oficial enviado al organismo multilateral en el marco del programa de facilidades extendidas por 20 mil millones de dólares. Allí se deja constancia del compromiso asumido por la administración libertaria para cerrar todos los fideicomisos extrapresupuestarios a excepción del vinculado al gas residencial, cuyo alcance se extiende a más de 4,3 millones de usuarios en regiones de baja temperatura.

Desde el arranque de su gestión, Milei ordenó una revisión integral de los 29 fondos fiduciarios que funcionaban al 1° de enero de 2024. Según el último informe de gestión presentado por la Jefatura de Gabinete ante el Congreso, 21 de ellos ya fueron disueltos, mientras que otros cinco están en vías de extinción, entre ellos el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) y el de Promoción Científica y Tecnológica (Fondotec), que movilizaban recursos por más de 200 mil millones de pesos.

La eliminación de estos instrumentos no es menor: los fondos fiduciarios fueron durante años una caja paralela del Estado utilizada para canalizar programas y subsidios sin necesidad de pasar por el Congreso. Bajo la nueva administración, ese mecanismo es considerado opaco y poco compatible con los principios de austeridad fiscal.

Entre los fondos que ya fueron dados de baja se encuentran el PROCREAR, el Fondo para la Vivienda Social, el de Cobertura Universal de Salud y el Fondo Fiduciario de Seguridad Aeroportuaria. También fueron eliminados fideicomisos relacionados con la protección ambiental, la energía renovable, la emergencia agroindustrial, y hasta el de asistencia a víctimas de trata.

La motosierra libertaria también alcanzó programas de crédito internacionales, como los fideicomisos PROICSA y PRODAF, además del Fondo Fiduciario del Servicio Universal, utilizado para ampliar el acceso a internet en regiones desfavorables.

El único fideicomiso que Milei mantendrá activo está sustentado por la Ley 25.565 y fue prorrogado en 2021 hasta 2031. Este fondo financia tarifas subsidiadas de gas para usuarios residenciales de zonas como la Patagonia, la Puna y Malargüe, donde las temperaturas extremas hacen necesario un trato diferencial. En 2024, el fondo recaudó más de $322.000 millones y ejecutó gastos por $377.000 millones, destinados casi en su totalidad a compensar las facturas residenciales.

Los ingresos del fideicomiso del gas provienen, principalmente, de un recargo del 7,5% sobre el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST), que se aplica a todos los metros cúbicos comercializados a lo largo del país.

Desde el oficialismo argumentan que, más allá de la racionalización de gastos, la eliminación de fideicomisos apunta a transparentar las cuentas públicas, devolver control al Congreso y evitar manejos discrecionales de fondos. En la vereda opuesta, sectores de la oposición advierten que el cierre de estos instrumentos puede afectar la ejecución de políticas públicas sensibles, como la vivienda, la salud o el desarrollo científico.

Mientras tanto, el primer mandatario avanza con una de sus promesas más emblemáticas: reducir el tamaño del Estado. En este caso, desmantelando una estructura paralela que, durante años, fue parte del andamiaje financiero de distintas gestiones.