Se trata del magistrado Alfredo Silverio Gusmán, quien fue denunciado por presunto encubrimiento a la expresidenta en un caso paralelo a Vialidad.

Un juez se encuentra bajo la lupa por haber dado cobertura a Cristina Kirchner mediante el freno a una causa que se desarrolla en paralelo al caso Vialidad, y está vinculado a la misma. El avance de este caso, bloqueado por el magistrado, permitiría recuperar la suma de 1125 millones de dólares.

El juez en cuestión se llama Alfredo Silverio Gusmán, y fue denunciado fue denunciado por el presidente de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal, Guillermo Alberto Antelo, ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura.

El juez Gusmán.

El caso permanece frenado y se inició en 2018, si corre más tiempo congelado en el freezer, transita el riesgo de que se caiga. A raíz de esta situación, el camarista Antelo busca que se sancione a Gusmán o bien que le hagan un juicio político por encubrimiento.

El juez Gusmán tiene vínculos con kirchneristas como Juan Martín Mena, ex ministro y uno de los abogados que conforman el equipo de letrados de Cristina Kirchner. También funge como operador en las negociaciones entre la Corte Suprema y el Gobierno.

La demanda civil por daños y perjuicios es por unos 1125 millones de dólares y, en paralelo, hay una multa por 84.835 millones de pesos, que le fijó a Cristina Kirchner la justicia penal cuando la condenó y dispuso el decomiso de ese dinero. Si se confirma la condena penal y se la condena en esta causa civil debe pagar los dos montos.

La historia respecto a la demanda en cuestión comenzó cuando en 2018, el entonces titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, presentó una demanda de daños y perjuicios contra Cristina Kirchner y sus funcionarios por las licitaciones amañadas para favorecer a Lázaro Báez en las obras de Santa Cruz. El monto de la demanda era por 22.500 millones de pesos lo que equivale a dólar del 31 de enero de 2018 a unos 1125 millones de dólares.

El operador judicial Juan Martín Mena, uno de los abogados de Cristina Kirchner y con vínculos aceitados en el peronismo bonaerense y la Corte Suprema.

Ante la inmovilidad de la causa por seis meses en 2023, Cristina Kirchner planteó lo que técnicamente se llama la “caducidad de la instancia”, que es un reclamo para que la causa se extinga.

Y acá es donde se dio el cruce ente el presidente de la Cámara, Antelo y el camarista Gusmán, que no quería firmar la sentencia. Antelo llegó a intimar a Gusmán, que le devolvió la intimación por improcedente.

Gusmán firmó el borrador de uno de los proyectos de sentencia, pero minutos después se negó a introducir la firma digital en su voto. Y así, la causa quedó frenada desde marzo de 2023.

El juez Antelo, entonces, denunció a Gusmán ante la jueza Alejandra Provítola, presidenta de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura. Allí escribió que Gusmán “no se expidió y retuvo los dos votos impresos en papel y firmados por los otros jueces” hasta que firmó uno de los dos proyectos en circulación a las 13 de ese día.

F:Nexofin