Los peritos lograron abrir el teléfono personal del expresidente para obtener una copia de las conversaciones con su expareja, Fabiola Yáñez, en el marco de la causa por violencia de género.

En el marco de la denuncio por violencia de género contra su expareja, Fabiola Yáñez, que pesa sobre Alberto Fernández, los peritos de la Justicia lograron abrir el celular del expresidente y obtener una copia de todas sus conversaciones. Por lo que la defensa del profesor de derecho, solicitó que esa información sea destruida.

Través de su abogada, Silvina Carreira, el exlíder del Frente de Todos, hizo referencia a la importancia de ese teléfono personal, ya que fue el que utilizó durante su periodo al frente del Poder Ejecutivo, entre 2019 y 2023. Por lo cual, se debía respetar el derecho a la intimidad y privacidad de las personas.

En ese sentido, Alberto solicitó ante los tribunales que una vez que se extraiga el contenido del celular y de una Tablet personal que le fueron secuestrados, dicha copia sea eliminada para que no quede en manos de nadie y que no existan riesgos de filtración sobre mensajes o conversaciones que no tengan que ver con la causa por violencia de género.

“Los datos almacenados en los dispositivos en cuestión son propiedad de mi asistido, tanto aquellos que resulten eventualmente relevantes para al presente proceso como los que no, por lo cual entiendo no existe obstáculo alguno para proveer en consonancia con lo solicitado”, planteó la defensora de Fernández.

Por su parte, tanto el fiscal federal Ramiro González, como el juez federal Julián Ercolini, que llevan adelante la causa, rechazaron el pedido del exmandatario, alegando que: “Ello implica la pérdida de la base informativa de la cual se obtuvo dicha prueba, evitando toda trazabilidad de los documentos digitales originales”.

“Cabe destacar que la medida de prueba bajo análisis es un eslabón más de una cadena de diligencias que, por su propia naturaleza, efectivamente lesionan el derecho a la intimidad y a la privacidad reconocidos a los ciudadanos en nuestra Constitución Nacional y tratados de derechos humanos de igual jerarquía”, sostuvo Ercolini en su fallo.