El Tribunal Oral Federal N° 5 ordenó nuevas pericias contables sobre los patrimonios de la exvicepresidenta y su hijo, Máximo Kirchner. Además se evaluarán varias propiedades en Puerto Madero vinculadas a Cristóbal López.
Otra mala noticia para la exvicepresidenta, Cristina Kirchner, por parte de la Justicia, ya que se reactivó la causa conocida como Hotesur-Los Sauces, en donde se la investiga a ella y a su hijo, Máximo Kirchner, por lavado de dinero y malversación de fondos.
En las últimas horas, el Tribunal Oral Federal N° 5 (TOF 5) solicitó una serie de medidas de pericias contables sobre los patrimonios de la titular del Partido Justicialista (PJ) nacional y su hijo, actual diputado de Unión por la Patria (UxP).
De este modo los jueves José Michilini, Nicolás Toselli y Adriana Pallioti, dieron lugar al pedido del fiscal federal Diego Velasco, y ordenaron este miércoles a las empresas Edesur, Metrogas, Telecom y Telefónica, que informen a nombre de quién se encontraban contratados dichos servicios en los departamentos del barrio porteño de Puerto Madero, vinculados a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa.
En tanto, el tribunal solicitó que se determine, a través de peritos contables, si hubo retornos de dinero para la expresidenta y su hijo, por adjudicaciones de obras públicas al empresario santacruceño Lázaro Báez.
“Atento al estado de los presentes actuados, hágase saber al Colegio Pericial interviniente, que deberá retomar la ejecución de las tareas oportunamente encomendadas e informar el plazo de su finalización”, señala el fallo emitido por los tres magistrados federales.
La principal hipótesis de la causa ligada a los complejos turísticos que poseen Cristina y Máximo en la localidad de El Calafate, sostiene que como contraprestación por haber recibido millonarios contratos de obra pública por parte del Estado de Santa Cruz, Báez transfirió al patrimonio de los Kirchner millones de pesos justificándolos cómo contratos de alquiler de habitaciones de sus hoteles.
Lo mismo habría ocurrido con los empresarios Cristóbal López y su socio, Fabián de Sousa, quienes abrina transferido dinero a la familia Kirchner, a través de contratos de alquiler en la Ciudad de Buenos Aires. Mientras capitalizaron su holding empresarial con beneficios impositivos, fiscales y con subsidios estatales durante los gobiernos de Néstor y Cristina.





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