a Justicia Federal analiza convenios que 11 municipios firmaron con la Universidad Nacional José de San Martín, por medio de los cuales el dinero habría sido desviado.
El escándalo vinculado al exministro de Transporte del gobierno de Axel Kicillof, Jorge D’Onofrio, en el que se investigan supuestas irregularidades en los contratos de VTV y el sistema de fotomultas, generó numerosas denuncias que se convirtieron en, al menos, tres expedientes que se tramitan en la Justicia federal.
En uno de estos casos, se investiga si existió o no una red de municipios que desviaron miles de millones de pesos de las fotomultas a la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), que no habría estado registrada para formar parte del proceso. Esta expediente está en manos del Juzgado Federal de Tres de Febrero.
En ese sentido, la Justicia investiga los convenios de 11 municipios, entre ellos La Matanza, Roque Pérez, Olavarría, General San Martín, y San Isidro, firmaron con esa casa de estudios para la administración del cobro de multas por infracciones de tránsito.
La normativa establece que del monto del valor de la multa, el 20% corresponde a la provincia de Buenos Aires y el resto a los municipios, que a su vez deben contratar a empresas privadas que presten el servicio de cámaras. Sin embargo, la irregularidad a investigar reside en el movimiento del dinero recaudado a la UNSAM para que esta pague en “negro” a las firmas proveedoras del servicio. Una triangulación.
La Universidad Nacional de San Martín, en el ojo de la tormenta por el dinero de las fotomultas.
En ese marco, el Juzgado Federal de Tres de Febrero, a cargo del juez Culotta, ordenó allanamientos sobre las prestadoras del servicio de cámaras de fotomultas presuntamente vinculados al esquema, como Secutrans SA y Tránsito Seguro SA, de donde se llevó documentación vinculada a los contratos con los municipios y la UNSAM. Se cree que, tan solo en 2024, se habrían desviado unos 1900 millones de pesos.
La Justicia investiga si, después de cobrar ese dinero, la universidad se lo giraba a las empresas mencionadas. La normativa establece que es el municipio el que debe darle el dinero de manera directa y sin intermediarios.
Cronica del Noa 
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