El Ejecutivo extenderá “carta oferta” por recursos humanos y tecnológicos, además de salas y mudanzas para el desembarco “soft” del sistema acusatorio en Comodoro Py. Sigue pendiente la resolución de las vacantes.

A través del Ministerio de Justicia, el Gobierno prepara un pack de distintos recursos para ofrecer a la Procuración General de cara a la implementación del sistema acusatorio en Comodoro Py el 11 de agosto. La intención es descomprimir la tensión generada, en las últimas semanas, con los fiscales federales que plasmaron sus reclamos en una sucesión de notas elevadas en reclamo de mejoras presupuestarias y de una adecuada planificación, ante un riesgo de fracaso o colapso. Aspiran, en breve, a responder la nota remitida por el Procurador interino Eduardo Casal con soluciones a algunos de los planteos y a la vez, reafirmar la decisión política de la fecha de entrada en vigencia del nuevo Código en Capital Federal.

Según pudo saber Ámbito de altas fuentes de la cartera de Justicia se trata de una dotación de equipamiento informático y de dos sistemas UFED, clave para las investigaciones penales y el análisis de dispositivos electrónicos, que afirman que ya fueron adquiridos, tanto para el distrito Comodoro Py como para el Penal Económico. Pero también la propuesta incluye el traspaso (voluntario) de personal del Poder Judicial al Ministerio Público, con sus respectivos recursos; y un relevamiento de metros cuadrados disponibles en distintos edificios para una reorganización que permita adaptar el espacio físico insuficiente para las fiscalías, que estarán a cargo de los expedientes.

A su vez, indican que el plan es otorgar recursos de almacenamiento informático (para grabar audiencias), discos portátiles y hardware necesario para satisfacer los reclamos técnicos que plantearon los fiscales. Lo mismo para la guarda de los efectos y las cajas de seguridad para la guarda de elementos en custodia. Del mismo modo, aseguran que estará comprado todo el equipamiento de tecnología para adecuar las salas de audiencias que requieren grabación a partir del pase a la oralidad de todo el sistema. Esos fondos provendrán de la partida que está bajo el programa PNUD de Naciones Unidas y que ya fue aplicada a distintas implementaciones previas en otras jurisdicciones.

EL programa ARG 16/022 –según los documentos- obtuvo fondeo del propio Ministerio y de ACARA, un ente cooperador que, según fuentes oficiales, proveyó de la mayor masa de dinero antes de ser desarticulado en su recaudación. Como ya informó este diario son aproximadamente $4.300 millones.

Las vacantes pendientes

Sin dudas, el gran pendiente sigue siendo la cobertura de vacantes en el Ministerio Público Fiscal, que se suman a un total de 150 pliegos acumulados solo del Poder Judicial que quedaron atascados a la firma del presidente Javier Milei, con sucesivas promesas de ser remitidos al Senado. Para los fiscales, la situación es crítica si se tiene en cuenta un 40% de vacancia y el flujo que recibirían de expedientes en el distrito donde se asientan las autoridades nacionales, la competencia territorial del penal económico (que incluye 28 municipios del AMBA), el puerto y las autopistas.

Cerca de Mariano Cúneo Libarona quieren “desescalar” la controversia que tiene como condimento una causa penal que lo investiga por presunto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario a partir de las acciones de implementación del acusatorio. Ese expediente lo tuvo declarando como testigo al subsecretario de política criminal Alberto Nanzer durante 16 horas, en tres convocatorias consecutivas ante el fiscal Carlos Stornelli. Por eso, activaron todos los puentes posibles para asegurar a los fiscales que el desembarco del acusatorio en Retiro no solo será en cumplimiento de una normativa vigente hace una década, sino que la fecha funcionará como un punto de partida para una adecuación cuyo impacto real estará diferido en el tiempo. Es decir, una implementación “soft”, en la práctica.

Relocalización y metros cuadrados

En el fondo, sostienen que la resistencia también se apoya en lo que implica un cambio cultural en la forma de trabajo en la justicia y reconocen una redistribución del poder que atesora el fuero más político del Poder Judicial. Paradójicamente, el reclamo transversal provino de todos los fiscales federales que deberán recibir las investigaciones y no de los jueces que, o mantuvieron silencio, o directamente dejaron traslucir guiños al método que eligió el Ejecutivo.

En la cartera que comanda Cúneo Libarona afirmaron a este diario que están ultimando un estudio sobre los edificios disponibles y el espacio físico que podría ser asignado teniendo en cuenta algunos reacomodamientos para obtener un número aproximado de metros cuadrados que podrían destinar a los Ministerios Públicos. En algunos casos, ofrecerán relocalización. Por ejemplo, respecto a los juzgados y tribunales de menores y la justicia ordinaria asentados en Py que podrían pasar al Palacio de Tribunales o a alguna otra dependencia a confirmar, para ganar espacio. El marco de restricción presupuestaria anclado en el déficit cero y en la orden presidencial de austeridad aparece como un obstáculo infranqueable.

Coinciden en que los inmuebles corresponden al Consejo de la Magistratura por lo que cualquier cambio dependerá de conseguir su coordinación, lo mismo que lo que contempla la ley para el pasaje de personal desde el Poder Judicial a los Ministerios Públicos. Será voluntario y los destinatarios de los pases se reservan el derecho de selección, pero una vez solicitado, la adecuación de las partidas para su sostenimiento debe migrar del Consejo a la Procuración General. En el edificio de la calle Sarmiento sostienen que esto no se ofreció antes porque debía considerarse la transición: para corregir el desbalance de personal entre los juzgados y las fiscalías debía considerarse que más allá del 11-A, los jueces conservarán el trámite y dominio de todos los expedientes que se hayan iniciado hasta un día antes de la entrada en vigencia, por lo que no podían despoblarlos de antemano.

El Consejo de la Magistratura anunció la refacción de las salas de audiencias de Comodoro Py

Migración de personal

Es un interrogante cómo funcionará la migración de recursos desde los órganos investigativos como la Dajudeco hacia la DATIP, dado que el reclamo de peritos contadores y psicólogos era otro de los planteos. O si los fiscales deberán requerir una “contratación” de servicios a la dirección de asistencia por delitos complejos durante el transcurso de sus causas. La capacitación de las Fuerzas de Seguridad –auxiliares en las investigaciones- es considerado fundamental, pero eso dependerá de la cartera que comanda Patricia Bullrich.

Hoy los números del diagnóstico de la Procuración exhiben que hay 40 fiscales y 71 jueces; 1532 empleados versus 569 del Ministerio Público. En Comodoro Py, sólo, la relación es 1010 empleados contra 372 de fiscalías. A eso se le adiciona como condicionante que no se sancionó una ley de fortalecimiento para dotar al MPF de recursos, como sí ocurrió en Santa Fe.

En lo que refiere a salas de audiencias, el Ministerio de Justicia aspira a que se adapten 6 en Comodoro Py. Se apoyan en la suficiencia que tendrían a partir de una proyección que elaboró la Cámara Federal de Casación Penal. En ese informe, vaticinan que de agosto a diciembre se llevarían a cabo 872 audiencias con un promedio de 8 por día y de 1,3 por sala entre Py e Inmigrantes. Para el 2026, el mismo informe predice que escalaría a 2701 (10 por día, con un promedio de 1,5) y que, algunas, por la nueva modalidad serían breves. Ese promedio deberá alternar con los juicios que se lleven a cabo bajo el viejo sistema por efecto arrastre.

El Consejo de la Magistratura se adelantó a cualquier anuncio: este lunes inició trabajos de mejora y puesta en valor de cinco salas en Comodoro Py con iluminación, acústica y climatización. La lavada de cara incluye mobiliario faltante y adecuación del SUM del subsuelo y la promesa de una licitación para remodelar la Sala AMIA. El tema de las salas parece haberlo tomado la Dirección de Infraestructura Judicial.

De manera solapada y para bajar los decibeles a la disputa, en despachos oficiales le reconocen “reclamos legítimos” a los fiscales y a la Procuración y que puede haber una suerte de “estrés institucional” apenas se lance el acusatorio, aunque hay otros chispazos más complejos que han dominado la escena. En el Ejecutivo dijeron que la propia Corte Suprema sondeó si había chance de extender el plazo de puesta en marcha por lo que su estrategia viró a plantear una hoja de ruta que permita adaptar el sistema, sobre todo si se desarrolla un plan de persecución fiscal que cambia el paradigma de la aceptación de causas: debería existir un test probatorio y un test de interés público. Si un caso no tiene chance de llegar a una condena, se descarta, lo que debería achicar el volumen de causas porque no se dedicarían los mismos esfuerzos a todas. Suena lógico en la teoría.

La discusión ingresará en tiempo de descuento por la inminencia de la fecha y la magnitud de los pendientes que el oficialismo busca desdramatizar y que inquietan a los habitantes de Retiro que ya hicieron una inédita demostración de fuerza.