El jefe de Gabinete explicó que la iniciativa oficial busca que los ahorristas puedan usar sus divisas no declaradas sin temor a futuras sanciones fiscales. También apuntan a facilitar el acceso al crédito hipotecario.

En medio de la búsqueda por movilizar los miles de millones de dólares que los argentinos aún conservan fuera del circuito financiero formal, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, adelantó una de las claves del proyecto oficial: reducir el plazo de prescripción impositiva a dos años para quienes sinceren sus ahorros en efectivo.

Durante una entrevista en el ciclo Infobae en Vivo, el funcionario sostuvo que esta medida tiene como objetivo “proteger a los ahorristas” que decidan blanquear sus divisas y volcarlas a la economía real, sin miedo a que la AFIP o la Justicia revisen su situación patrimonial una vez vencido ese plazo.

“Hay mucha gente que con ese canuto puede pagar la cuota inicial de un departamento o acceder a un crédito hipotecario”, explicó Francos, quien remarcó que esta decisión apunta a dinamizar el mercado inmobiliario y de consumo, hoy frenado por la incertidumbre macroeconómica.

El Gobierno busca que quienes tienen dólares en sus casas o cajas de seguridad —lo que se conoce popularmente como “dólares del colchón”— puedan volcarlos sin consecuencias fiscales a la compra de bienes, como viviendas, sin necesidad de justificar el origen ni quedar expuestos a auditorías posteriores.

Además, Francos descartó que la iniciativa entre en conflicto con estándares internacionales como los del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional). “Al contrario: con información limitada pero precisa, el control es más eficiente”, indicó.

En paralelo, el funcionario aclaró que el proyecto se enmarca dentro de un proceso más amplio de reforma fiscal. “Siempre dijimos que era una reforma de segunda generación. Cuando se alineen las condiciones políticas, vamos a avanzar”, afirmó.

Por otra parte, Francos reconoció que buena parte de la ciudadanía recurrió al dólar informal no para evadir, sino para protegerse de un sistema que, durante años, les impidió acceder al mercado legal. “No es que haya habido incumplidores. Fue una necesidad frente al contexto económico”, concluyó.

La medida también persigue un efecto adicional: aumentar la recaudación provincial y nacional mediante un reimpulso de la actividad económica. “El movimiento extra que esto generaría en la economía también va a beneficiar a las provincias”, agregó el ministro coordinador, quien confirmó que ya están dialogando con los gobernadores para sumar adhesiones al proyecto.

Así, el Gobierno busca sentar las bases de un nuevo acuerdo con la sociedad: menos presión fiscal, mayor previsibilidad legal y una economía más abierta para quienes hoy siguen confiando en el dólar, aunque lo tengan guardado bajo el colchón.