A pocas semanas del vencimiento de la Ley Bases, el ministro de Desregulación lanza decretos para unificar entes autárquicos y reducir estructuras en Transporte, Salud y Economía.

Federico Sturzenegger transita sus últimos días con facultades delegadas y ya tiene en marcha un paquete de decretos y resoluciones que buscarán dejar su impronta definitiva en la transformación del Estado. El ministro de Desregulación y Transformación, designado por Javier Milei tras la aprobación de la Ley Bases en 2024, aprovecha el tramo final de esa herramienta legal para avanzar con una reestructuración profunda en organismos clave.

Con el cronómetro en cuenta regresiva —el 8 de julio vence la potestad que le permite intervenir sin pasar por el Congreso—, el funcionario apura decisiones que implican la unificación de entes, eliminación de estructuras duplicadas y centralización de funciones en áreas como Transporte, Salud y Economía.

En el plano del transporte terrestre, el plan contempla la creación de una nueva agencia que absorberá funciones hoy repartidas entre la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), en lo que respecta al sector automotor. La medida apunta a reducir superposiciones y consolidar una única estructura administrativa, bajo el argumento de que los organismos actuales cuentan con áreas redundantes —como legales, recursos humanos y comunicación— que podrían simplificarse.

También se evalúa una posible fusión entre la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA). Si bien esta medida fue analizada desde 2023, aún genera resistencias internas debido a las diferencias funcionales entre ambos entes. La reciente renuncia de María Julia Cordero al frente de la ANAC —luego de una gestión tensa con el subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Gómez— y su reemplazo por Oscar Alfredo Villabona, cercano al ala dura del área, podría facilitar esa unificación.

En Salud, el foco está puesto en el Instituto Nacional del Cáncer, cuyas funciones pasarían a depender directamente del Ministerio de Salud conducido por Mario Lugones. Desde la cartera sanitaria aseguran que muchas de esas tareas ya están siendo gestionadas bajo la órbita ministerial, pese a que el decreto formal aún no fue publicado en el Boletín Oficial.

En paralelo, el Gobierno también planea un rediseño institucional en el sector agroalimentario. Bajo análisis se encuentran el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Ambos organismos, con estructuras autárquicas y presupuesto propio, podrían ser absorbidos total o parcialmente por áreas dependientes del Ministerio de Economía. Desde el entorno de Luis Caputo consideran que el entramado actual tiene una “excesiva burocracia” y que hay margen para una fuerte simplificación administrativa.

El principio rector que guía esta avanzada de Sturzenegger es la idea de “terminar con décadas de gasto innecesario y expansión injustificada del Estado”, tal como expresó en sus redes sociales. Para el ministro, los entes autárquicos representan un modelo agotado, con costos altos y una lógica de funcionamiento que responde más a intereses corporativos que al servicio público.

El 8 de julio marca el final del período en el que el Ejecutivo podrá legislar por decreto en estas materias, sin necesidad de la aprobación parlamentaria. En ese marco, el Gobierno decidió no buscar una prórroga de las facultades especiales que le otorgó el Congreso, por lo que estas semanas son clave para terminar de consolidar los cambios impulsados desde el Ministerio de Desregulación.

Fuentes oficiales aseguran que todos los decretos estarán listos antes de esa fecha y que su publicación en el Boletín Oficial será escalonada, según el grado de avance técnico y el margen político de cada medida.