La jueza federal Mariela Giménez resolvió que la causa contra el diputado nacional continúe en Salta, rechazando el pedido de traslado a Comodoro Py. En paralelo, el fiscal federal Carlos Amad anunció que solicitará su desafuero en el Congreso.

La causa judicial que involucra al diputado nacional Emiliano Estrada sumó este viernes una resolución clave: la jueza federal Mariela Giménez decidió que el expediente permanecerá en la jurisdicción de Salta, rechazando así el pedido de inhibitoria presentado por el juez federal de Comodoro Py, Sebastián Casanello. La decisión refuerza el avance local de la investigación y coloca nuevamente al legislador en el centro del escándalo por presunto uso indebido de fondos públicos.

La jornada estuvo marcada por la ausencia del propio Estrada a la audiencia convocada por el Juzgado Federal de Salta, lo que generó una dura reacción por parte del fiscal federal Carlos Amad. El legislador, imputado como autor intelectual de una campaña de difamación y desinformación ejecutada a través de redes sociales, se habría conectado brevemente de forma remota pero no participó del proceso, decisión que su abogado justificó alegando «incertidumbre sobre la competencia» y recomendación legal.

La jueza Giménez abrió la audiencia con una pregunta directa: «¿Por qué no participa el legislador?». El representante legal habría respondido que Estrada decidió no intervenir. Minutos después, el fiscal Amad cuestionó con dureza esa postura: «Esto es una chicana. Quiere crear un privilegio inadmisible. El diputado nacional se cree más que la ley», indicó en su redes el colega Oscar Correa.

Ante esta situación, el fiscal confirmó que presentará un pedido formal de desafuero ante la Cámara de Diputados de la Nación, basado en violaciones a la Ley de Ética Pública. «Cometió dos delitos: abuso de autoridad y peculado de servicios«, sostuvo Amad, quien calificó como inadmisible que Estrada utilice sus fueros para evitar el accionar de la Justicia.

Cabe recordar que la causa se originó tras un juicio abreviado en el que dos exasesores del diputado, Florencia Arias Bustamante y Javier Alonso Allemand, admitieron haber participado en una operación de desinformación política financiada con recursos del Congreso Nacional. Ambos fueron condenados a un año y cuatro meses de prisión condicional y quedaron inhabilitados para ocupar cargos públicos.

Con la causa confirmada en Salta y el pedido de desafuero en camino, el proceso judicial entra en una etapa definitoria. En paralelo, se abre una batalla política en el Congreso que podría tener repercusiones a nivel nacional.

F: quepasasalta