El Gobierno planea reducir las áreas protegidas y permitir así el avance de proyectos hidrocarburíferos y mineros. La modificación había sido parte de la Ley Bases, pero fue descartada por falta de apoyo legislativo.

El Gobierno nacional avanza con un polémico cambio en la Ley de Glaciares: lo hará por decreto y sin pasar por el Congreso. La medida apunta a reducir el alcance de las áreas protegidas para habilitar nuevas zonas de explotación minera e hidrocarburífera, una modificación que ya había sido incluida —y luego descartada— en la Ley Bases.

El equipo técnico de la Casa Rosada trabaja en una nueva reglamentación de la Ley 26.639, que regula la protección de los glaciares y el ambiente periglacial. El objetivo, según fuentes oficiales, es “brindar seguridad jurídica a las inversiones” que hoy se ven frenadas por las restricciones ambientales.

Entre los puntos principales, el Gobierno busca que la protección se limite a formaciones de hielo de al menos una hectárea, con una duración mínima de dos años, que cumplan funciones hídricas y estén incluidas en el Inventario Nacional de Glaciares. Esto dejaría afuera una gran cantidad de zonas actualmente resguardadas.

Desde Balcarce 50 reconocen que hubo presión de sectores empresariales vinculados a la minería y a los hidrocarburos. También anticipan que se mantendrán los informes de impacto ambiental obligatorios y que las provincias ganarán poder para decidir sobre los territorios productivos.

El 5 de febrero de 2024, cinco relatores de derechos humanos de la ONU enviaron una carta a la entonces canciller Diana Mondino donde advertían que la reforma era “regresiva” y que podía afectar “las garantías de un entorno seguro y propicio para el trabajo de los defensores ambientales”.

Esa presión internacional, sumada a la falta de votos, obligó al Gobierno a retirar el capítulo ambiental de la versión final de la ley. Pero ahora, con mayor respaldo de los gobernadores mineros y sin depender del Congreso, Milei busca avanzar por vía administrativa.

En paralelo, en Casa Rosada preparan nuevas medidas para atraer inversiones, en un contexto donde el Ejecutivo necesita mostrar señales de dinamismo económico y apertura de mercados.