El decreto 475 fue publicado en el Boletín Oficial y señaló que los cambios en el organismo reducirán costos y mejorarán la formación de los abogados del Estado.

En medio de sospechas por la filtración de datos internos sobre información de YPF que derivó en el despido de 60 personas, el Gobierno oficializó la reestructuración en la Procuración del Tesoro.

Lo hizo mediante el decreto 475 publicado en el Boletín Oficial, en el que argumentó que con los cambios se reducirán costos y mejorará la formación de los abogados del Estado.

La medida fue firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Se argumentó que es un “recorte histórico de personal y una drástica reducción de áreas técnicas” que “busca fortalecer la eficiencia operativa del organismo, garantizar un uso responsable de los recursos y adecuar su estructura a los principios de austeridad, profesionalismo y resultados concretos”.

A su vez, se eliminó la Escuela para abogados estatales, que tenía como objetivo “ser el organismo de capacitación y perfeccionamiento técnico específico de los profesionales que desarrollen su carrera administrativa en el Cuerpo de Abogados del Estado”.

“A pesar de haber cumplido con los objetivos propuestos en su norma de creación, la citada Escuela enfrenta desafíos estructurales que obstaculizan el pleno cumplimiento de sus objetivos, por lo que resulta aconsejable su disolución”, indicaron.

En ese línea detallaron que “los programas de capacitación en curso al momento de la entrada en vigencia del presente decreto continuarán hasta su finalización bajo la supervisión de la Coordinación del Centro para el Fortalecimiento de la Abogacía Pública (CEFAP)”, y se garantizará “la certificación de los estudios cursados”.