Según el último informe de Unicef, en 2024 se registró un descenso en los niveles de pobreza infantil en Argentina y las proyecciones para este año mantienen esa misma tendencia.

La pobreza infantil en Argentina mostró una reducción significativa durante 2024, según reveló un reciente informe de UNICEF. El reporte señala que el 52,7% de los niños y niñas vivían en situación de pobreza monetaria en el segundo semestre de 2024, una baja de 14 puntos porcentuales respecto al primer semestre del mismo año, cuando el índice había trepado a más del 67%.
La caída en el indicador representa una mejora notable en relación al mismo período de 2023, cuando la pobreza infantil alcanzaba al 58,5% de los menores. En términos absolutos, se estima que 1,7 millones de niños y niñas salieron de la pobreza entre el primer y segundo semestre de 2024, mientras que, si se compara con fines de 2023, la disminución es de 800.000 casos.
El informe, titulado “Pobreza monetaria y privaciones vinculadas a derechos en niñas y niños. Argentina 2016-2024”, también advierte que, pese a esta mejora, la pobreza infantil se mantiene en niveles históricamente elevados. Sin embargo, los actuales valores se asemejan a los observados en 2019, antes del impacto económico de la pandemia.
Las proyecciones para el primer semestre de 2025 son moderadamente optimistas: se estima que el 47,8% de los menores estará en situación de pobreza monetaria y el 9,3% en pobreza extrema. Según UNICEF, esta tendencia se relaciona con una mejora parcial en los ingresos reales de los hogares, aunque advierte que estos avances deben sostenerse mediante políticas activas.
Rafael Ramírez Mesec, representante de la entidad en Argentina, subrayó el rol clave de los programas sociales en la contención de la pobreza extrema: “Las transferencias monetarias —como la Asignación Universal por Hijo y programas similares— juegan un papel clave en la contención de la pobreza extrema. Sin ellas, la tasa de indigencia en la niñez sería 10 puntos porcentuales más elevada, lo que implica que más de 1 millón de niñas y niños evitaron caer en la indigencia gracias a los ingresos que estos programas les proporcionaron a las familias en el segundo semestre de 2024”.
El documento detalla que los ingresos reales provenientes de estos programas crecieron un 4% en 2024 y un 16% en lo que va de 2025, lo que tuvo un impacto positivo, sobre todo en la reducción de la pobreza extrema.
Sebastián Waisgrais, especialista en Monitoreo de UNICEF, indicó que “junto con la desaceleración inflacionaria, las políticas de protección social para la infancia resultaron fundamentales para la reducción de la pobreza, especialmente de la pobreza extrema”.
En esta misma línea, el presupuesto nacional ejecutado para la niñez durante los primeros cinco meses de 2025 aumentó un 15% en términos reales respecto al mismo período del año anterior. El crecimiento fue impulsado principalmente por programas como la AUH, que tuvo una suba del 34%.
Persisten brechas sociales
A pesar de la mejora general, UNICEF alerta sobre la persistencia de marcadas desigualdades. En hogares donde el jefe de familia no completó la educación primaria, la tasa de pobreza infantil es del 80,9%, mientras que, en aquellos con secundaria completa, el porcentaje baja al 10,6%.
Asimismo, los niños en hogares con empleo informal presentan una tasa de pobreza del 68,4%; en barrios populares, el número trepa al 72,3%; y en hogares monoparentales con jefatura femenina, la pobreza alcanza al 60%.
“Estas cifras muestran que la pobreza infantil no se distribuye de manera homogénea y que existen factores estructurales que profundizan las brechas sociales”, señala el informe, que llama a desarrollar políticas focalizadas que atiendan estas realidades.
Además de la pobreza por ingresos, UNICEF analiza las llamadas “privaciones no monetarias”: carencias vinculadas a vivienda, saneamiento, educación o hábitat. A diferencia de la pobreza monetaria, estas no muestran grandes variaciones en el corto plazo y responden a causas estructurales.

Rafael Ramírez remarcó: “Analizar las características y evolución de estas privaciones no monetarias permite informar las estrategias de política pública destinadas a mejorar el bienestar de niñas y niños en el país”.
El informe forma parte del Análisis de la situación de la niñez y la adolescencia (SITAN) y concluye que es necesario profundizar el análisis del gasto consolidado entre Nación y provincias para evaluar de forma conjunta la magnitud, distribución y eficiencia de los recursos.
“La estructura federal del país requiere profundizar en el análisis del gasto público consolidado entre la nación y las provincias, de manera de poder valorar conjuntamente su magnitud, distribución y eficiencia”, concluyó Ramírez.





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