La empresa de servicios financieros que representa a los acreedores que demandan al Estado, calificó de “sumamente inusual” la intervención estadounidense.

Burford Capital, que representa a los acreedores que demandan al Estado argentino por la expropiación de YPF en 2012, cuestionó duramente el reciente escrito presentado por el Departamento de Justicia de EE.UU. ante la Corte de Apelaciones de Nueva York. El fondo afirmó que “cuesta entender cómo se benefician los objetivos de política exterior de la Casa Blanca al alentar a países extranjeros a perjudicar a los inversores”, y calificó de “sumamente inusual” la intervención estadounidense.

El reclamo original reclama una indemnización de USD 16.000 millones, cifra que se incrementa día a día por intereses, y que podría alcanzar los USD 17.500 millones, según Burford. Aseguran que el respaldo de EE.UU. genera “efectos adversos” en el contexto local, ya que muchos interpretan que Argentina “nunca tendrá que pagar la sentencia”.

A través del amicus curiae, EE.UU. defendió que la empresa estatal goza de inmunidad soberana, amparándose en la Foreign Sovereign Immunities Act. El Departamento de Justicia sostuvo que entregar las acciones de YPF podría “afectar el trato recíproco” y “…ocasionar daño irreparable tanto a Argentina como a sus relaciones con EE.UU.”.

Burford respondió que el escrito estadounidense se basa en “premisas erróneas” y no aporta nada sustancial al fondo del caso. Además, denuncian falta de diálogo con las autoridades del fondo y califican la intervención como manifestación de “prisa y desconocimiento del gobierno”.

La causa continúa en la Corte de Apelaciones, que deberá decidir si mantiene la suspensión del fallo de primera instancia de la jueza Preska –que ordenaba entregar el 51 % de las acciones– mientras se resuelva la apelación.