Mientras el Gobierno avanza con la venta de empresas estatales clave, el Congreso aún no logra conformar la comisión bicameral encargada de controlar el proceso. Villarruel y Menem, bajo la lupa de la oposición.

El Gobierno de Javier Milei avanza a paso firme con su plan de privatizaciones, pero lo hace sin una supervisión efectiva por parte del Congreso. A más de medio año de haber asumido, la comisión bicameral encargada de controlar el proceso de venta de empresas estatales sigue sin constituirse, generando un clima de tensión institucional y alimentando las críticas de la oposición y hasta de algunos aliados del oficialismo.

La demora quedó en evidencia durante la última visita del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al Senado. En esa ocasión, el senador Juan Carlos Romero —habitualmente alineado con el oficialismo— fue directo: “Por demora del Congreso no hemos podido constituir la Comisión. El bloque oficialista está pidiendo no constituirla por temor a que el Congreso funcione plenamente”. La frase dejó expuesta la incomodidad puertas adentro del oficialismo frente al creciente hermetismo con el que se maneja el proceso privatizador.

En paralelo, el Ejecutivo publicó esta semana en el Boletín Oficial las primeras resoluciones que habilitan el inicio de los procesos de venta para empresas como Intercargo, Corredores Viales, AySA, Enarsa, Belgrano Cargas y las represas del Comahue. También están en carpeta otras compañías incluidas en la Ley Bases, como Nucleoeléctrica y Trenes Argentinos. El objetivo es licitarlas antes de que termine 2025.

Detrás de esta aceleración hay dos razones clave: la necesidad de conseguir dólares frescos para evitar un cuello de botella en el segundo semestre y el cumplimiento de las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La estrategia está liderada por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, bajo el mando de Diego Chaher, quien aseguró que “todas están en un grado de avance”, aunque el llamado a licitación recién se concretaría hacia fin de año.

Sin embargo, el problema político está en otro lado. La Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones, creada por la Ley 23.696, no fue constituida ni eligió autoridades, lo que la deja completamente inoperativa. La Cámara de Diputados ya designó a sus representantes, pero el Senado, bajo la conducción de Victoria Villarruel, aún no hizo lo propio.

Desde Unión por la Patria (UP), denuncian una maniobra dilatoria. “Villarruel y Menem son los que tienen que poner en marcha esto. Mientras tanto, el Ejecutivo nos mete decretos privatizadores todos los días”, disparó un senador del bloque. Germán Martínez, jefe del bloque de UP en Diputados, también elevó una nota formal pidiendo su conformación, pero no obtuvo respuesta.

Por ahora, los únicos senadores designados son Juan Carlos Romero (Cambio Federal), Juan Carlos Pagotto (LLA), Eduardo Vischi (UCR) y Carlos “Camau” Espínola (Unidad Federal). Faltan dos por UP. En Diputados, los nombres ya definidos incluyen a Diego Santilli (PRO), Facundo Correa Llano (LLA), Pablo Cervi (Liga del Interior), Victoria Borrego (CC), Ana María Ianni y Florencia Carignano (UP).

Las críticas no vienen solo del kirchnerismo. El diputado Nicolás Massot (Encuentro Federal) también cuestionó la falta de transparencia en el proceso de privatización de AySA. “No puede ser. En la fallida licitación de la hidrovía se prohibía competir a empresas controladas por estados extranjeros por ser un recurso estratégico. Pero ahora no. Todo a medida”, escribió en su cuenta de X, junto a una nota que mencionaba a empresarios cercanos al oficialismo.

Mientras tanto, en el Congreso crece la presión para que se conforme la comisión bicameral y se garantice una mínima institucionalidad en un proceso que afectará servicios estratégicos y miles de empleos. En la oposición aseguran que buscarán reactivar el debate después del receso de invierno, pero en el oficialismo apuestan a dilatar los tiempos para evitar trabas legislativas a su hoja de ruta.

Todo se definirá en las próximas semanas, cuando el Congreso vuelva a sesionar y la discusión sobre las privatizaciones vuelva al centro de la escena. Por ahora, el Gobierno pisa el acelerador sin freno parlamentario.