El Tribunal Oral Federal 2, que lleva adelante la causa Vialidad, y el TOF 5, a cargo del expediente Hotesur-Los Sauces, reclaman los activos de Austral Construcciones.

La disputa por el destino final de los bienes de Lázaro Báez volvió a encenderse y ya involucra a tres frentes judiciales: el juez de la quiebra de Austral Construcciones, el Tribunal Oral Federal 5, encargado de la causa Hotesur-Los Sauces, y ahora también el TOF 2, que tiene en sus manos la ejecución de la sentencia en la causa Vialidad. En el medio, cientos de millones de pesos en propiedades, maquinarias y rodados permanecen inmovilizados, a la espera de un fallo de la Corte Suprema de Justicia que defina de una vez por todas quién tiene competencia para administrar esa fortuna.

La tensión escaló a niveles inéditos en diciembre de 2023, cuando el TOF 5 reclamó que se frenen los remates de bienes de Austral y se entreguen activos a Vialidad Nacional o el Ministerio de Seguridad, al sostener que parte de esos bienes estaban embargados en su causa. El juez comercial Jorge Sícoli decidió continuar con la quiebra, y la Cámara Comercial avaló esa decisión, aunque ordenó congelar los fondos obtenidos hasta que la Corte resuelva el conflicto de competencia.

La disputa no es menor: el decomiso dictado en la causa Vialidad asciende a 684 mil millones de pesos y, según el TOF 2, Báez y los demás condenados tienen hasta el 13 de agosto para responder con dinero o bienes. Por eso, el tribunal solicitó un informe actualizado de la quiebra, centrado en los activos disponibles. La respuesta de los síndicos llegará después de la feria judicial.

Actualmente, restan vender el obrador central de Río Gallegos y una parcela aledaña, con una base conjunta de 2 millones de dólares. Ya fueron liquidadas decenas de propiedades, entre ellas campos, oficinas y vehículos. Gran parte de lo recaudado volvió al Estado, en especial a la AFIP y al Banco Nación, principales acreedores de Austral.

El procurador Eduardo Casal ya dictaminó en favor del juez comercial: considera que el decomiso penal no debe tener prioridad frente a los reclamos de terceros acreedores. Sin embargo, la última palabra la tendrá el máximo tribunal, que mantiene el expediente congelado desde marzo.

La causa Hotesur-Los Sauces también avanza, aunque a un ritmo más lento. Aún falta una pericia contable integral y la tasación oficial de los bienes, entre ellos el departamento de San José 1111 donde Cristina Kirchner cumple su condena, varios inmuebles en Río Gallegos, y dos propiedades históricas sobre la calle Juncal que los Kirchner compraron en los años 80. Uno de los departamentos más lujosos, en el Madero Center, ya fue tasado en 2,4 millones de dólares e incluye cinco cocheras.

En paralelo, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron ampliar los embargos sobre Báez, sus hijos y sus empresas, incluyendo dividendos, anticipos de honorarios y todo tipo de rentas vinculadas a Kank y Costilla SA, Loscalzo y Del Curto SRL y Gotti SA.

Con el avance de los procesos judiciales, todo parece indicar que se avecina una puja aún mayor por los bienes de Báez. Mientras tanto, su fortuna —construida al calor de la obra pública durante el kirchnerismo— sigue atrapada en un laberinto judicial.