El kirchnerismo presentó dos proyectos en el Senado para frenar la privatización de AySA

El bloque de senadores liderado por Wado de Pedro propuso declarar a la empresa como “de interés público y estratégico”, lo que impediría la transferencia de acciones a capitales privados.

El bloque de senadores de Unión por la Patria, liderado por Eduardo “Wado” de Pedro, presentó dos proyectos de ley en el Senado con el objetivo de frenar la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), luego del anuncio oficial de avanzar en la venta del 90 % de sus acciones. Las iniciativas buscan consolidar el control estatal del servicio de agua potable y saneamiento para el Área Metropolitana de Buenos Aires.

El primero de los proyectos, el S‑1287/25, propone declarar a AySA como “de interés público y estratégico para el desarrollo humano” según lo establecido en el artículo 75, inciso 19, de la Constitución argentina. Además, prohíbe expresamente cualquier modalidad de privatización, concesión o cesión de capital o gestión, y exige una mayoría agravada de dos tercios del Congreso para autorizar modificaciones en su estatuto, objeto social, composición accionaria o activos esenciales. También propone derogar los decretos 493 y 494/25 que autorizan el proceso privatizador.

En paralelo, el proyecto de declaración S‑1288/25 expresa “la profunda preocupación y el más enérgico repudio” a los decretos presidenciales que habilitan la privatización. Rechaza no solo la transferencia al sector privado, sino también la posibilidad de suspender el servicio por falta de pago. El texto incluye firmas de senadores como María Eugenia Duré, Mariano Recalde, Alicia Kirchner, José Emilio Neder y otros referentes de UxP.

De Pedro fundamentó las iniciativas asegurando que “el agua es un recurso natural escaso y estratégico, y es un derecho humano del cual dependen la vida, la salud y el desarrollo de nuestro pueblo”. Resaltó además el rol de AySA como instrumento de “salud pública y desarrollo para millones de familias”, y enfatizó que ello obliga al Estado a proteger el acceso universal y evitar un eventual lucro privado. “Esta ley es una herramienta … para que ningún gobierno pueda volver a rifar un derecho tan básico”, concluyó.

Los argumentos incluyen estadísticas sobre la gestión estatal: desde 2006, AySA incrementó la cobertura de agua potable al 85 % y cloacas al 70 % del área metropolitana, invirtió veinte veces más que durante la etapa privada, construyó nueve nuevas plantas depuradoras y redujo los cortes de servicio en un 57 % tanto en frecuencia como duración. Además, más de 4,5 millones de personas accedieron por primera vez al agua corriente y 3,6 millones a cloacas bajo administración pública.

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