La jueza del juicio por YPF ordenó la entrega de chats y mails de Sergio Massa y Luis Caputo

La medida dispuesta por Loretta Preska forma parte del mecanismo conocido como discovery, utilizado para identificar activos soberanos embargables.

La jueza federal Loretta Preska, que lidera el juicio en Nueva York por la expropiación de YPF, ordenó que Argentina entregue los mensajes de WhatsApp y correos electrónicos del ministro de Economía, Luis Caputo, y de su antecesor Sergio Massa, entre otros funcionarios actuales y anteriores, según reveló el especialista Sebastián Maril. La medida forma parte del mecanismo conocido como discovery, utilizado para identificar activos soberanos embargables.

El requerimiento abarca comunicaciones de Caputo y de Massa, además de incluir a Santiago Caputo y otros miembros relevantes de administraciones pasadas. El objetivo es corroborar si entidades como YPF, el Banco Central o aerolíneas estatales operan como un “alter ego” del Estado Nación.

La causa judicial nació tras la expropiación del 51 % de YPF en 2012 sin oferta pública a accionistas minoritarios, lo que desencadenó una indemnización por US$ 16.100 millones a favor de los fondos litigantes Burford Capital y Eton Park Capital Management. En julio de 2025, la jueza Preska ordenó que Argentina entregara ese paquete accionario como parte del cumplimiento del fallo, aunque luego fue suspendido provisionalmente mientras se sustenta la apelación.

La orden de entrega de chats y mails se consideró clave para avanzar en la exploración de si YPF y otros organismos públicas funcionan al servicio de intereses estatales concretos, especialmente durante administraciones recientes. La defensa argentina ya había disminuido el listado de funcionarios inicialmente solicitado, pero la juez ratificó su decisión respecto a Caputo y Massa.

Finalmente, Preska fijó una nueva audiencia para el 6 de agosto de 2025, donde se espera definir el alcance final del discovery. En paralelo, el Gobierno argentino busca demorar la ejecución del embargo total a través de recursos judiciales y cuestionando la legitimidad de la resolución que pone en jaque su soberanía y el control de sus activos estratégicos.

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