El presidente selló su rechazo a las leyes votadas por el Senado y apunta a evitar que se revierta la medida.
Javier Milei ya firmó los decretos de veto a las leyes que aprobaban un aumento para los jubilados y la declaración de emergencia en discapacidad. Según confirmaron fuentes oficiales a TN, las resoluciones se publicarán el próximo lunes en el Boletín Oficial. La medida fue adoptada en reserva y busca dilatar su tratamiento legislativo, mientras el Gobierno despliega una ofensiva política para evitar que el Congreso lo desactive.
La Casa Rosada apuesta a sostener el rechazo en Diputados con el respaldo de bloques aliados y gobernadores. Para eso, se reactivaron negociaciones con varias provincias a través de incentivos como el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y acuerdos electorales de cara a las legislativas del 26 de octubre.
En paralelo, el oficialismo cerró la incorporación de cinco diputados radicales al bloque de La Libertad Avanza: Luis Picat, Pablo Cervi, Federico Tournier, Francisco Monti y Mariano Campero. El objetivo es consolidar una mayoría que impida que ambas cámaras reviertan el veto presidencial.
Los principales negociadores del oficialismo son el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el vicejefe de Interior, Lisandro Catalán; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional. Según trascendió, ya mantuvieron reuniones con al menos siete gobernadores, entre ellos Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alfredo Cornejo (Mendoza).
El Ejecutivo también avanza en el armado de frentes provinciales, combinando alianzas con oficialismos locales y competencia directa para disputarle terreno al peronismo. En paralelo, busca destrabar fondos y perdonar deudas provinciales a cambio de respaldo político. Aun así, Milei se niega a ceder cambios en el esquema de recaudación del impuesto a los combustibles, con excepción del porcentaje asignado al Sistema Vial Integrado (SISVIAL).
Desde el Gobierno justifican el veto con un argumento jurídico: consideran inválida la sesión del Senado en la que se votaron ambas normas. Por eso ya preparan un planteo judicial para frenar su aplicación si el Congreso las convierte en ley por insistencia. La estrategia está siendo coordinada por la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, junto a su equipo y al viceministro de Justicia, Sebastián Amerio.
“La norma no está vigente, no la vamos a promulgar. Y si hace falta, iremos a la Justicia para frenarla”, aseguran desde Balcarce 50. El objetivo es claro: evitar cualquier erogación extraordinaria que ponga en riesgo la meta de superávit fiscal del 1,6% del PBI comprometida con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en medio de la revisión técnica del programa y el reciente desembolso de US$2.000 millones.
Cronica del Noa 
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