El FMI alertó por el riesgo de los los juicios que afronta el Estado argentino en el exterior

Si bien los técnicos del organismo multilateral de crédito acreditan que el país negocia con los acreedores, advirtieron por los riesgos que puede provocar a mediano plazo el atribulado frente judicial externo.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) se refirió a la situación judicial externa que afronta el Estado argentino y, si bien reconoció que el Gobierno lleva adelante negociaciones de buena fe, alertó que estas causas representan riesgos moderados para la Argentina en el mediano plazo, y llamó a resolver los litigios pendientes.

El Estado nacional enfrenta varios juicios en el exterior. Según estimaciones privadas, estos litigios representan un riesgo legal de 30 mil millones de dólares. El principal proceso judicial abierto es el de la expropiación de YPF, con una condena por 16 mil millones de dólares.

Sin embargo, también tienen lugar otras causas como las vinculadas a los tenedores de deuda externa que no entraron en las sucesivas renegociaciones propuestas desde el lado argentino. Uno de estos litigios se relaciona con el caso Cupón PBI, sobre el cual la Justicia británica falló a favor de los querellantes por 1600 millones de euros.

Respecto a esta última causa, desde el FMI exhortaron a “continuar los esfuerzos de buena fe para asegurar un acuerdo rápido sobre las condiciones de reembolso de la sentencia de Londres”.

En cuanto a la causa YPF, el Fondo detalló que no se trata de un caso cerrado: “El país fue declarado responsable por 16 mil millones, pero posteriormente ha apelado la sentencia. La Argentina también cuestiona el monto de la reclamación de YPF“.

Otro caso de litigiosidad que enfrenta Argentina es el vinculado a los holdouts de la deuda de 2001 que no entraron en los canjes de 2005, 2010 y 2016. El FMI calculó que representa un pasivo de 2400 millones de dólares.

Frente a estos pasivos contingentes producto de los litigios mencionados, el personal del FMI evaluó que los recursos que envía al país en el marco de su acuerdo con el Gobierno cuenten con salvaguardias adecuadas y que los esfuerzos de reforma de Argentina no se vean socavados por la evolución de las relaciones entre acreedores y deudores.

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